Si bien el derecho a la vivienda es reconocido por la Constitución de la República, consagrándolo como un Derecho Humano, o desde 1968 por la Ley de Vivienda, n.º 13.728, así como por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tanto la Udelar como las 30 organizaciones que se reunieron durante tres meses para debatir sobre la vivienda, indicaron que pese a la solidez de la normativa uruguaya “el problema se mantiene en términos cuantitativos similares desde hace 50 años y eso es lo que nos lleva a unir nuestras voces”. 

Durante estas instancias de intercambio, que se prolongaron durante tres meses, las organizaciones sociales identificaron nueve problemas: la dificultad de acceso a una vivienda digna, un mercado habitacional dominado por la especulación inmobiliaria, escasez de recursos destinados a la vivienda social “desde hace más de tres décadas están en el orden del medio por ciento del Producto Bruto Interno”, inexistencia de soluciones habitacionales para sectores excluidos como las personas adultas mayores o los hogares monoparentales, segregación residencial, estoc habitacional carente de mantenimiento y mejoramiento, ausencia de políticas que aseguren acceso al suelo y una inadecuación de las respuestas habitacionales. 

Tras sintetizar la realidad de la vivienda en Uruguay, las organizaciones, junto a la Udelar, realizaron 17 propuestas a los candidatos a la Presidencia. Según el docente universitario en el área teoría y metodología del Trabajo Social en la Licenciatura de Trabajo Social y de Cooperativismo de Vivienda, Gustavo Machado, los candidatos del Frente Amplio y el Partido Nacional fueron invitados realizar “una devolución del documento” o convocados a la presentación del documento que se realizó en la Sala Acuña Figueroa del Parlamento. Salvo por la presencia de la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry o el encargado de la campaña por Cabildo Abierto, ninguno de los partidos proporcionó una devolución. 

Entre las propuestas, el presidente de FUCVAM, Enrique Cal, destacó la necesidad de la incorporación de la Comisión Asesora de Vivienda (COAVI), cuya integración está constituida por organizaciones sociales vinculadas a la vivienda, en la elaboración del Plan Quinquenal de Vivienda 2025. “Esta comisión, que fue creada por la Ley de Vivienda, en 1968, fue convocada en 2005, 2010 y 2015, pero, a partir de 2020, la COAVI no volvió a ser convocada", remarcó en su oratoria Cal. 

El resto de las propuestas giran en torno a un "aumento sustantivo de la inversión pública en vivienda social” alimentando de manera permanente y con recursos específicos al Fondo Nacional de Vivienda, confeccionar un plan de vivienda social que proporcione soluciones a las “carencias extrema de vivienda”, tener un enfoque interinstitucional e integral en la planificación de la política pública en vivienda, abreviar el tiempo de los trámites y de toma de decisiones, fortalecer el apoyo técnico en todos los programas, generalizar soluciones de saneamiento a todo el país, exonerar de impuestos que gravan la vivienda social, crear un Observatorio de la Vivienda y el Hábitat, entre otros. 

Antes de realizar su evaluación del documento, Etcheverry aclaró que el presupuesto destinado a vivienda era escaso, pero aumentó en los gobiernos del Frente Amplio, “al recibir el gobierno en 2005, el presupuesto era de un 0.2 por ciento y aumentó a un 0.5”. Al mismo tiempo, indicó que la COAVI fue convocada para planificar la política pública durante los períodos y que “la Comisión además fue convocada no solo para elaborar el Plan Quinquenal, sino que participó de otras instancias". 

Consultada sobre las prioridades que tendría su fuerza política al asumir el gobierno, la diputada frenteamplista aseguró que si bien se tiene en mente que los recursos aumenten “aún no tenemos una noción de cómo son los números o cuál es la población que tiene problemas porque aún no hemos accedido a los datos del Censo”. En este sentido, consideró desacertado "evaluar posibilidades sin tener nociones de cómo está la vivienda o la economía del país en si” pese a que en el FA hay un consenso en duplicar los recursos destinados a vivienda.

Sobre las políticas propuestas, sostuvo que la Ley de Vivienda Promovida debía evaluarse, con la posibilidad de descartar que bajo esta modalidad de construcción de viviendas, que incluye cinco exoneraciones tributarias distintas, “la construcción de monoambientes”. Y aseguró, que además de compartir cabalmente todas "las propuestas" también debería primar el fortalecer "la autoconstrucción".