Meses atrás el Diputado comunista Bruno Giometti solicitó información al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre tres puntos. El primer cúmulo de información solicitada fueron las cifras del gasto tributario, o sea, las exoneraciones, entre 2019 y 2024.
Las exoneraciones, por alícuota reducida, asimilada exportación, crédito, deducción extraordinaria, exoneración a secas o régimen simplificado, según las categorías en las que se basó el MEF para contestarle al Diputado comunista, pasaron de representar en 2019 el equivalente al 5.5% del Producto Bruto Interno a representar, cinco años después, al 6.8%.
La segunda camada de cifras solicitadas giraron en torno a los “estudios económicos” en los que se basa el MEF para otorgar las exoneraciones y realizar evaluaciones sobre el desarrollo en términos económicos para analizar esta política tributaria.
El marco de la “promoción de inversiones” del Ministerio público se basa en cuatro trabajos académicos y estatales. Entre ellos se encuentran, documentos como “Una evaluación económica de los incentivos fiscales a la inversión en Uruguay” de Cecilia Llambí y Andrés Rius, de la cual la actual administración pedirá una actualización ya que el estudio se elaboró en 2014 por pedido del Ministerio. Otro informe del Centro de Estudios de Respuestas de Zonas Francas, titulado “Situación Actual y perspectivas de las Zonas Francas”, elaborado en 2021, por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) y otro confeccionado por el Banco Interamericano de Desarrollo “Análisis de los instrumentos de promoción de inversiones: El caso de Uruguay”.
El tercer punto de información solicitado por Giometti fue el monto total de los “depósitos e inversiones financieras” en el exterior de agentes residentes de la economía uruguaya. El Departamento de Planeamiento Operativo de la División de Grandes Contribuyentes del MEF, contestó que en 2023, los depósitos habían alcanzado los 62 millones de dólares. Cuando, hace cinco años atrás, eran 27 millones de dólares.
¿Cuáles fueron sus intenciones a la hora de solicitar esta información?
Saber sobre las exoneraciones fiscales y su evolución en el tiempo. Tiene que ver con la discusión que ha tomado estado público: la necesidad de que los sectores más ricos, la cúpula de la población con mayor riqueza, hagan un aporte un poco mayor para obtener recursos y financiar políticas vinculadas a paliar la pobreza infantil.
La idea es analizar los sectores con más alta concentración de riqueza, que parte de esta riqueza la tienen en el exterior en forma de depósitos o inversiones financieras. Lo que surge en el pedido de informes es que el aumento fue muy significativo.
¿Se sabe dónde están esos depósitos?
En realidad se sabe, no nos mandaron ese desglose en el pedido de informes, porque eso es información administrativa de la Dirección General Impositiva (DGI). Pero el Estado las conoce, eso está procesado.
También quienes son los titulares de los fondos y de las cuentas. A nosotros lo que nos interesaba era, principalmente, conocer su magnitud. Es lo que hoy se está debatiendo.
Una importante parte del valor que se genera en la economía uruguaya, o que circula, se acumula en el exterior en lugar de ser invertido para generar desarrollo económico nacional. Esto es directamente riqueza.
O sea, que estos 62 mil millones de dólares depositados en el exterior ustedes lo leen como ganancia depositada en el extranjero.
Sí, eso son los depósitos. Surge también porque las personas de ingresos muy altos, que pueden ser personas físicas o jurídicas, tienen más rentabilidad si invierten en el exterior. Por algo lo hacen. Podría haber algún trabajador que tenga un depósito en el exterior pero seguramente sea algo muy marginal en las cifras.
Los depósitos, en esto de la magnitud, aumentaron, ¿qué percepción te surgió al conocer las cifras?
Las cifras de depósitos en el exterior se duplicaron en los últimos cuatro a cinco años. Eso es lo que muestran las cifras.
Y en cuanto al estudiar su “magnitud”, las exoneraciones en 2024 alcanzaron al equivalente al 7% del Producto Bruto Interno, ¿cómo definirías esta magnitud?
Lo que vemos es que la cifra de exoneraciones es bastante alta. En comparación con otros países de la región, objetivamente, el gasto tributario es alto.
¿El gasto tributario es una forma de definir las exoneraciones?
Sí. El promedio en América Latina es 3%, más o menos. En Uruguay es un poco más que el doble. Ese es el tema de la magnitud.
Otro tema es que las exoneraciones sirven para generar inversión, dinámica económica y empleo. Pero lo que vimos es que no hay un mecanismo suficientemente desarrollado para la evaluación de los impactos de estas exoneraciones en el desarrollo económico nacional. El documento que nosotros conocemos de evaluación más detallada de esto es de 2014. Ese trabajo, básicamente, lo que concluye es que el marco de promoción de inversiones ha sido positivo en términos de generar inversión y empleo.
¿En qué marco se hizo esta evaluación? Por lo que leí, de la respuesta oficial del MEF, no era un documento oficial.
Es del Instituto de Economía, si no me equivoco.
¿El Estado no hace evaluaciones oficiales?
El Estado toma en cuenta evaluaciones académicas varias. De hecho, en la respuesta me mandaron esas evaluaciones. Lo que afirmamos es que, de 2014 hasta la fecha, aumentaron mucho las cifras de exoneración de inversiones y que quizá habría que tener una evaluación más actualizada. Pasaron 11 años del estudio.
Habría que hacer evaluaciones de un montón de cosas. Desde si las empresas realmente generan un retorno en términos sociales y de desarrollo. O si hay que ajustar los criterios de exoneración, es un poco lo que nosotros pensamos que habría que hacer.
Tampoco es novedoso lo que estamos planteando. El propio MEF sostuvo que le parece que eso es lo que se tendría que hacer. Nosotros estamos suscribiendo a esa idea para direccionar mejor o aportar insumos técnicos sobre los incentivos fiscales.
Para que, con esta lógica, afirmar que es importante la inversión pero que el Estado tiene que promoverla de forma más contundente hacia algunos sectores, o que algunos tipos de inversión generen un desarrollo genuino y más sostenible. No solo en términos ambientales, sino sostenibles en el tiempo. Y quizá no promover todas las inversiones exonerando impuestos. Ese es un poco el concepto.
¿Usted ya tenía una idea de que las exoneraciones podrían llegar a capitalizar un 7% del PBI?
Sí, en realidad, los gobiernos, en las Rendiciones de Cuentas, envía los datos del gasto tributario. Nosotros lo queríamos tener más sistematizado en un solo cuadro. Porque a veces mandan año a año y es difícil hacer la comparación con los totales. Pero sí, básicamente, la cifra es la que, más o menos, conocíamos. Incluso en la Rendición de Cuentas de este año ya vino incluida.
En este debate que se está planteando, uno de los economistas que estudió la riqueza, Joan Violá, sostuvo que existen dos indicadores para identificarla, uno son los ingresos y otra, la riqueza, que se mide en patrimonio. En la información que obtuviste ¿se pueden identificar posibles vías para establecer impuestos a este 1% de la población más rica?
Sí. Porque, primero, una parte está en el exterior. Ahí ya tenés una parte identificada. No toda la riqueza que está en el exterior es del 1% más rico. Pero buena parte seguramente lo es. Eso por un lado.
Por otro, es que el Impuesto al Patrimonio, que es un impuesto que existe hace bastante tiempo, ha percibido algunos cambios. Sobre todo en las últimas décadas. Lo que hizo reducir las tasas del Impuesto al Patrimonio y aumentar las exoneraciones.
El Impuesto al Patrimonio exonera más de lo que recauda. Es el único impuesto que tiene más exoneraciones que recaudación. Sería, además, el instrumento que nos permitiría ir a un gravamen al patrimonio del 1% más rico. Ajustando sus parámetros.
¿Ustedes proponen ir por el Impuesto al Patrimonio?
Claro. La propuesta del PIT-CNT es gravar al 1% más rico. No hay necesidad de instrumentar un impuesto nuevo, porque se superpondría al Impuesto al Patrimonio. La idea sería ajustarlo para que este 1% aporte más.
Mientras que, al mismo tiempo, revisas el tema de las exoneraciones. No tiene sentido decir solamente que ese 1% de la población pague más, subiéndole el impuesto, si en realidad se lo terminamos exonerando.
¿Cómo se cobra el Impuesto al Patrimonio?
Las personas tienen un patrimonio neto, mayor a determinado mínimo, tienen que hacer una declaración jurada y pagar el impuesto anualmente en la DGI. Se aplica a las personas jurídicas, que pueden ser empresas, y a personas físicas, individuos con residencia en Uruguay.
Lo que sucede con eso es que las exoneraciones son muy altas y el mínimo imponible es bastante alto también. Entonces, hay muy poca gente que lo paga. Y a muchos que les toca pagar están exonerados.
La mayoría de los mecanismos por lo que están exonerados son los detallados en el pedido de informe que realizaste al MEF, o sea, que el impuesto se exonera por alícuota o por crédito.
Sí, claro.
¿Y esas son todas las exoneraciones al Impuesto al Patrimonio o pueden haber más?
Hay algunos sectores que están más exonerados que otros. Las Zonas Francas están exoneradas. Hay ciertos mecanismos que llevan la tasa del Impuesto a cero.
El planteo es cómo rediseñarlo de manera que esos 20 mil uruguayos que tienen un patrimonio superior a un millón de dólares en inmuebles, capital financiero o capital físico, paguen un adicional. Un impuesto sobre esa riqueza permitiría recaudar, más o menos, un 1% del PBI. Ese sería el planteo.
También hay una cuestión vinculada, al menos por lo que describió usted de cómo se paga el Impuesto al Patrimonio ante la DGI, ¿no hay estructura estatal activa para cobrar el Impuesto o es autogestionario?
Ahí no te sabría decir cómo es el mecanismo. Pero, a diferencia de los ingresos, por ejemplo, los personales te descuentan directamente del sueldo, en el caso de una empresa se lo descuentan de la renta directamente.
Los mecanismos, en ese sentido, son más automáticos en lo que se refiere al pago de impuestos, el patrimonio es un stock. Es algo acumulado que tiene determinado valor.
Sí, pero el impuesto a primaria, te llega a tu casa, ¿es el caso del tributo al patrimonio?
La DGI hace un control. Si una persona es dueña de un padrón inmobiliario o tiene la totalidad de las acciones de una empresa, se sabe. Hay un mecanismo de control en función al patrimonio real. No se sí el mecanismo es cobrarle a domicilio o la persona tiene que hacer una declaración jurada.
Digamos que hay un control y mecanismos mucho más desarrollados ahora, que hace 50 años atrás, para que se sepa quienes son los que tienen mayor cantidad de patrimonio. Y desde el punto de vista de la implementación sería algo totalmente viable.
Vilá y Da Rosa fueron quienes realizaron una investigación sobre la población pero se basaron en los ingresos y los resultaron fueron estimativos. Para ellos hubo gente que quedó fuera del radar y los resultados sobre la riqueza no capitalizaron el total del fenómeno del 1%.
A ellos la investigación les arrojó que en Uruguay hay un 1% de gente que tiene mas de un millón de dólares. Son aproximadamente 25 mil personas. Los datos que hay son administrativos de la DGI y algunos datos financieros que suelen compartirse internacionalmente. Uno de los últimos informes que se elaboró para un Banco de Suiza, fue que en Uruguay hay 18 mil millonarios.
¿El Estado tiene procesado los datos de estas personas?
Y sí. Su patrimonio lo tienen directamente vinculado e individualizado. Este dato que salió hace unos días de que hay 17.675 millonarios en Uruguay surgió de un informe de un Banco internacional o de un país de Europa. Obviamente, lo hace basándose en datos oficiales. No llegan a ese número por estimación. Pero son residentes.
¿Todos son residentes uruguayos?
Si, pero no quiere decir que tengan nacionalidad uruguaya. Mayoritariamente son uruguayos. Pueden haber brasileros o argentinos que tienen residencia fiscal en Uruguay. Lo mismo al revés, puede haber un uruguayo viviendo en Inglaterra que tiene dos millones de dólares. Esa persona no aparece. Porque lo que verdaderamente importa es la residencia fiscal.
Dentro de este 1%, ¿están reconocidos las diferentes franjas de esta clase social?
Sí, en el estudio de Mauricio (Da Rosa) y Joan Vilá se muestra eso, que hay una heterogeneidad muy grande. Hay gente que tiene un millón, hay gente que tiene dos o que tiene 15. También tienes en la cúspide a gente que tiene mil millones de dólares. Pero son los menos. Hay identificados al menos dos individuos que son mil millonarios. Pero eso es anecdótico.
¿Por qué apuntar únicamente al IP como el instrumento para abordar la problemática de la riqueza?
En realidad, no es el único. La propuesta es al menos instrumentar a través del Impuesto al Patrimonio. Que es la idea que ha tomado más fuerza. A nosotros nos parece una propuesta sólida, que tiene su apoyo y que ha generado debate en la sociedad. La idea es que estos recursos no se usen para cualquier cosa, sino que se utilicen para combatir la pobreza infantil.
Pero no es el único componente de la discusión tributaria que podría haber. Pensando en un proceso más largo habría que generar una discusión sobre la tributación de la riqueza y tener en cuenta cuáles otros instrumentos podría surgir. El gasto tributario, por ejemplo, es parte de la discusión.
También está el tema del IRPF que se cobra a los trabajadores. La tasa más baja del impuesto es para los que tienen ingresos más altos. La discusión tributaria es mucho más que el 1% más rico. Es una forma de identificar a un sector que efectivamente está despegado del resto.
Entonces, ¿la profundidad de la discusión tributaria tendría que ser abordada únicamente al IP o también debería contemplar, por ejemplo, lo que podría llegar a ser otra reforma tributaria?
En esta etapa hay que ir detrás de la propuesta del Impuesto al Patrimonio, que es sólida y ha generado apoyos en la sociedad y en algunos sectores políticos. Después, en un proceso que tiene que ser más largo, se podría discutir la matriz tributaria. Pasaron 20 años de la última reforma tributaria, en 2006. Es pertinente revisar.
Hay cosas que no hay que cambiarlas y hay otras que sí, pero es una discusión más integral de todo el sistema tributario. Pero no es contradictorio establecer un mayor gravamen al 1% para disminuir la pobreza infantil que es una urgencia nacional.
¿Este debate cuando va a tener lugar? ¿Apuntando al Presupuesto?
Ya está teniendo lugar en la sociedad. Después veremos cuáles son los caminos para procesarlo a nivel institucional. Si en el Parlamento o si se hace un planteo formal por parte del Poder Ejecutivo para poder instrumentarlo.
No está definido si nosotros somos solamente los que vamos a definir. Se tendría que definir colectivamente, primero, el PIT-CNT que fue quien lanzó la propuesta. Hay que ver qué opinan otros sectores sociales que se vayan sumando a la propuesta.
