La reforma constitucional que proponemos asegura que los cambios no dependan de los intereses o intenciones de los diferentes gobiernos electos,
La herramienta que posibilita la reforma constitucional es el plebiscito, dado que la Constitución de la República (artículo 79) impide que se realicen referéndums contra leyes en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo, dejando éste como el único camino posible para eliminar el lucro en nuestra seguridad social.
La reforma constitucional que proponemos asegura que los cambios no dependan de los intereses o intenciones de los diferentes gobiernos electos, sino de la decisión única del soberano. Es imperioso recordar tres de las últimas reformas realizadas en materia de seguridad social han impactado negativamente sobre los derechos e intereses de la ciudadanía respecto a la protección social. Cada reforma supuso una baja en el monto de las prestaciones, y eliminación de beneficios.
Las tres reformas fueron:
- a) Acto 9 de 1979: eliminó el aguinaldo en pasividades y redujo
la tasa de remplazo (porcentaje de jubilación real).
- b) Ley 16713 de 1995: implementó el Régimen Mixto (BPS/AFAP),
ingresando el sistema privado de ahorro individual (AFAP).
- c) Ley 20.130 de 2023, aumentó la edad jubilatoria, pasando de
60 a 65 años, con rebaja de las jubilaciones y el ingreso forzoso al sistema AFAP de los trabajadores que inician su actividad tanto en cajas privadas, públicas y paraestatales.
La última iniciativa, con los tres puntos propuestos, se plebiscitará en las próximas elecciones nacionales de octubre 2024 y para ello se deben obtener las
firmas del 10% del padrón electoral (cerca de 270.000 firmas) en el plazo de seis meses antes de las elecciones (27 de abril 2024). Cabe aclarar que la ley
permite plebiscitar únicamente en la elección más inmediata, art. 331 de la
constitución.
Esta iniciativa de enmienda constitucional inaugura un proceso de diálogo social con todo nuestro pueblo y no es contradictorio con el planteo de que el próximo gobierno convoque a un diálogo social institucionalizado para una reforma integral de la seguridad social intensa asegurando la mejora de derechos para la población.
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