La Reforma Urbana es uno de los tópicos recurrentes de la Federación. Tanto así que tras tres décadas de la conducción del documento “Reforma Va” la abogada y militante en Derechos Humanos, Valeria España, dialogó con el secretario general de FUCVAM, sobre la publicación de un libro que actualizó algunos de los sentidos de la Reforma.

“Es necesario retomar el tema porque de alguna manera también fue FUCVAM quien levantó la bandera sobre la discusión de Reforma Urbana”, sostuvo España, para luego convenir en que “tradicionalmente la izquierda ha sido más cercana a las discusiones de Reforma Agraria”.
En este sentido, indicó que la “disputa” en la que se coloca a la Reforma Urbana debe estar atravesada por varias aristas. Entre ellas la de tomar el caso de una reforma para contextualizarla dentro de América Latina.
“Hablar de Reforma Urbana implica disputar el sentido de las ciudades, de cómo se construye ciudad y sobre todo mirar como la construcción vertiginosa de las urbes y la ciudad cimienta un modelo de expulsión donde el derecho a la Vivienda ha sido funcional a la propiedad privada y a la criminalización de la pobreza”.
Las luchas por el territorio, por ver quien convive en el centro y quien se arrastra a las periferias, según la abogada, debe concebir “la ciudad” bajo una mirada de Reformarla. “La Reforma Urbana brinda herramientas para identificar la lucha por la ciudad y la vivienda, que es un tema del movimiento popular en su conjunto”, indicó.
Si bien España sostuvo que los factores para que se dé una segregación urbana, de los más vulnerables a las periferias, “son diversos”, uno de los más influyentes es “la renta sobre el suelo”. Este factor, en específico, está ligado “al acceso a la tierra y a la protección de las necesidades básicas” de esta manera se construyen desigualdades estructurales que formulan los territorios a través de intereses de particulares.
“La ciudad se designó muchas veces por especuladores inmobiliarios que de alguna manera detentan los espacios centrales de la ciudad y generan espacios de exclusión por fuera de este territorio”, argumentó.
Este tipo de procesos de expulsión se basan en la concepción de la vivienda como “una mercancía” y no como un derecho. Al configurarse la tierra como una mercancía “esta es accesible únicamente a quien la puede pagar”. La idea de reformular una mirada desde el movimiento cooperativista sobre este punto es poder “democratizar los espacios públicos y localizarse según nuestras necesidades y no con base en las reglas de mercado”.
“Uno de los ejemplos más cotidianos es el de Ciudad vieja, vemos que hay un proceso de gentrificación que inciden en la expulsión de las clases menos pudientes y así se da una expulsión masiva: familias enteras se relocalizan por intereses económicos y esto se debe al ejercicio abusivo del derecho a la propiedad”, puntualizó.

Cambios normativos para la criminalización

Los mecanismos de expulsión de los más vulnerables a la periferia se dieron mediante la criminalización de la ocupación. En este sentido, España advirtió que desde hace unos pocos años los procesos de desalojo pasaron de ser atendidos por la vía civil a la vía penal.
“Los ocupantes pacíficos son sometidos al uso del derecho penal para expulsar a una persona del lugar con frases violentas, porque se niega a desocupar la vivienda, vemos que hay un uso irracional de las fuerzas en ese sentido”, denunció.
Para ejemplificar, la abogada explicó que este tipo de proceder más violento es el que se desplegó con “ensañamiento” de un fiscal a las familias ocupantes en Nuevo Comienzo. Estos cambios en el proceso judicial, se formularon tras la modificación del Código Penal.
“Estamos frente a una gran contradicción porque hay un ordenamiento que reconoce la posibilidad de permanencia, pero al mismo tiempo a una persona ocupa pacíficamente se le dice que comete el delito de usurpación”, enfatizó la abogada.
La preocupación explícita de la militante de Derechos Humanos es porque la ocupación como delito no visibiliza la contracara del fenómeno: “un ejercicio abusivo de la propiedad que estopa endeudada, por incumplimientos con la contribución”.