En anteriores oportunidades de esta nueva época digital de El Solidario nos hemos referido a la importancia de los plazos de obra (“La importancia de los plazos de obra: punto crítico, desde la previsión al cumplimiento”), y los problemas de establecerlos demasiado cortos, demasiado largos o de que, aunque sean correctos, no se cumplan. Aparte de la consecuencia obvia de que con plazos largos (porque se fijaron así, o porque no se cumplieron los que estaban previstos) el objetivo de la vivienda se aleja, hay otros perjuicios, sociales y económicos, que hacen que éste sea un tema central en el desarrollo de las obras.

En el año 2000 FUCVAM creó su Departamento de Apoyo Técnico (DAT), lo que suscitó en ese momento algunas discusiones, particularmente con los institutos de asistencia técnica (IAT), que pensaban que la idea, a corto o largo plazo, era sustituirlos. Hay que reconocer que esto alguna vez se planteó en la Federación, y que, luego de la reflexión necesaria, se desechó esa idea de algunos compañeros, preocupados por el trabajo insatisfactorio de ciertos IAT. Porque cuando otro está haciendo algo que no está bien realizado, la solución no es hacerlo uno mismo, sino ayudar al otro a mejorar su tarea. Y porque no forma parte de los cometidos gremiales, el asesoramiento técnico remunerado que dispone la Ley de Vivienda como requisito indispensable de funcionamiento de las cooperativas.

Nuestra Ley Nacional de Vivienda, aprobada hace más de cincuenta años, fue maravillosamente pionera en su época y todavía hoy sigue siendo un instrumento fundamental para la vivienda social, del que por cierto los demás países de la región, y muchos del mundo, todavía carecen. Sin embargo, aun reconociendo esa fortaleza, todas las cosas buenas son perfectibles y, sobre todo, necesitan adaptarse a realidades que pueden ser cambiantes, y que ahora lo son aceleradamente.

Estas consideraciones vienen a cuento porque algunas de las disposiciones que la ley contenía y aún contiene, responden a condiciones que hoy en día han variado, y al no ajustarse -o al menos flexibilizarse- ya no se corresponden con las necesidades actuales, o, incluso, pueden ser un obstáculo para alcanzar mejores soluciones. Esto se puede aplicar a muchos aspectos de las viviendas, pero vamos a analizar en particular el que tiene que ver con la superficie de las unidades y la asignación de tipologías con base en el número de dormitorios que se considera necesario.

Hace casi veinte años, en este mismo El Solidario, entonces en versión impresa, nos planteábamos esta misma pregunta con el mismo título. Eran épocas de la Reglamentación 1993, de la Administración Lacalle Herrera, aquella de las franjas, que dividía a las cooperativas según los ingresos familiares, para que ninguna familia tuviera una vivienda que no pudiera pagar, aunque fuera la que necesitaba. En aquella época, aunque la ley hacía posible que las cooperativas tuvieran hasta doscientos socios (y lo conjuntos, por lo tanto, doscientas viviendas), no podían tener más de cincuenta, por una reglamentación que venía de la dictadura, y en los hechos el promedio no llegaba ni a cuarenta.

Tras la aprobación de una nueva normativa, el Departamento de Asistencia Técnica (DAT) explica qué novedades introdujo y cómo un nuevo subsidio puede ayudar a las cooperativas a financiar un salón comunal.

El Beto era de los que se anotan siempre para dar una mano y de los que piensan que una experiencia valiosa es más valiosa aún si se trasmite y se comparte con otras gentes. Por eso dedicó muchas horas de su vida a la militancia en FUCVAM y por eso lo extrañamos tanto