Tras compartir brevemente la experiencia de pensar una propuesta programática en torno a la vivienda, Pérez Sánchez enuncia la trayectoria de su vínculo con la Federación, el cual, según dice, inició cuando él era estudiante. Este mismo año presentó en la sede oficial de FUCVAM, la investigación que lo llevó a convertirse en doctor en Estudios Urbanos. La invitación, tanto desde la perspectiva de las autoridades de la Dirección Nacional como la del propio politólogo y doctor, fue casi una obviedad. El año pasado, había sido convocado para el evento Parlamentario de FUCVAM, “La vivienda como política de Estado” junto a otros asesores que también fueron convocados para asesorar en la elaboración de la propuesta programática. Con énfasis en la construcción colectiva en tres derechos, vivienda, suelo y ciudad, el documento propone elaborar políticas enfocadas en disminuir las “lógicas de la especulación” del mercado inmobiliario y medidas concretas como la prohibición de la construcción de barrios privados o la derogación de la Ley de Viviendas Promovidas. Y no es casualidad que el autor de “Urbanismo Neoliberal: Barrios privados en Uruguay” haya pensado durante tres meses sobre la necesidad de fortalecer las políticas del suelo. 

¿Cómo se procesó la propuesta programática de FUCVAM?

El proceso fue un intercambio, una discusión que tenía como objetivo estructurar una Reforma Urbana. Y a la vez, lo reflexionamos y definimos asociados a tres derechos: el derecho a la vivienda, el derecho al suelo y el derecho a la ciudad. Tratamos de elaborar los principales puntos que serían “programáticos” que recogieran también discusiones previas que se habían dado durante diferentes instancias como el Congreso del Pueblo, el libro, publicaciones, y también, se consideraron todos los aportes que habíamos realizado los cuatros técnicos en anteriores procesos.

El hecho de que los hayan citado a realizar una propuesta programática ¿fue novedoso en el sentido de que han participado en instancias similares o fue particular?

Más bien responde a los aportes que hemos hecho. El último antecedente fue “La vivienda como política de Estado”, en la que los cuatro participamos invitados por FUCVAM. Benjamín Nahoum integra el Departamento Técnico de FUCVAM. Valeria España colabora y coordina el suplemento de FUCVAM en la diaria. En mi época de estudiante y luego docente colaboré de distintas maneras con la Federación. Lo más notorio fue cuando sacamos el libro “Los de Arriba” coordinado por Juan Geymonat y junto a la Federación se hizo esa publicación que tuvo bastantes repercusiones. Incluso presenté mi propio libro en la Federación. Es una historia compartida. Con Alicia Artigas que, si bien no ha tenido tanto vínculo con la Federación sostenido en el tiempo, pero es una arquitecta de referencia a la discusión programática, con amplia experiencia en gestión y quien es próxima a las ideas de FUCVAM.

Así que me parece que combinaron un grupo de gente que ya nos veníamos encontrando en distintos lados para discutir estas cosas. Y teníamos un distinto nivel de integración e involucramiento con FUCVAM y con su perspectiva.

Con respecto a la propuesta en sí ¿ustedes reflexionaron en torno a estos ejes siempre o fue algo que se fue dando a medida que fueron reflexionando estos tres meses?

Al principio fue una lluvia de ideas para debatir sí el documento se iba a tratar sobre Reforma Urbana o no. Algunos propusimos pensar en clave de derechos, que es la forma más fácil para que el público general pueda abordarlo. Estructurarla en clave de derechos y reclamos. En mi caso lo concebí como si fueran tres “paraguas” en el que visualizas qué cosas podemos proponer desde una perspectiva de derechos colectivos, como des mercantilizar la vida y jerarquizar una lógica que se base en entender los recursos como bienes comunes, sostener una perspectiva anticapitalista y anti patriarcal. Reflexionar en torno a tres derechos para una sociedad justa. Los tres derechos fueron una buena forma de organizar lo que se le quería transmitir, no solo a los partidos políticos, sus candidatos a presidentes y equipos de programa, sino que sea pensando para público en general, y que se lo apropie el pueblo.

Y todos estos puntos, establecidos bajo la perspectiva del derecho a la vivienda, al suelo y a la ciudad ¿son propuestas concretas o puntos disparadores para debatirlos?

Cumplen los dos roles, no es uno u otro. Hay propuestas concretas y algunos disparadores que funcionan como puntos concretos. Proponer políticas públicas dese los movimientos sociales y en esa relación Estado-Sociedad, lleva un poco de las dos cosas.

En la primera parte, se proponen cosas concretas como volver a tomar el aporte patronal para volcarlo al Fondo Nacional de Vivienda o prohibir la construcción de barrios privados. En ese sentido, la Federación toma una decisión política.

Lo hace también en otros como discutir cómo se desarrollo y desarrolla la propiedad del suelo, y esta como limitante de los derechos. Que no se predique una propiedad del suelo privada individual y por tanto esta se transforme en una mercancía, sino se conciba al suelo como un elemento fundamental que tiene que quedar a disposición de la gente para desarrolla su vida. Todos precisamos un suelo para vivir. Esas son propuestas.

Después. Creo, que en la segunda parte sí hay más disparadores. Con alguna que otra afirmación tambien fuimos categóricos. Por ejemplo, con que la Ley de Vivienda promovida tiene que ser derogada. ¿Cómo se va a estructurar la política? Eso es para discutirlo, la Federación comparte posturas y el debate haciendo el trabajo de proponer. Sobre todo, hace ver, que así como esta, no alcanza con revisar o ajustar, hay que eliminar porque va en contra de esos derechos a defender.

Las propuestas abordadas en tono al derecho al suelo, entra dentro del orden de políticas públicas vinculado al Ordenamiento Territorial ¿lo podemos definir así?

Ese es un plano, el de los organismos. Pero estamos discutiendo cuestiones de fondo. Estamos discutiendo la necesidad de un nuevo contrato social en torno al suelo y su función social. Consagrar el derecho al suelo como un Derecho Humano. Algo de distinto a la realidad actual, que organiza a un país, a un territorio a través de la propiedad privada individual que, de alguna manera, algunos se benefician, otros se perjudican; se impone la propiedad a la vida al pensar los territorios y el reparto del suelo. Discutir un nuevo contrato social, donde la propiedad privada individual no sea el criterio hegemónico o determinante de las ciudades, es una discusión fuerte. Esto nos lleva a discutir la acumulación de la renta a través del suelo, por tanto, acumulación de poder y por tanto a plantear una redistribución del suelo y la riqueza.

El documento además de indicar que se necesita fomentar otra forma de propiedad, también redunda mucho en reducir la especulación, ¿por qué?

Claramente, el suelo, a diferencia de otra mercancía del sistema capitalista no es el resultado del trabajo humano acumulado, sino existe y es parte de lo que denominamos naturaleza. En el caso del suelo, como el aire, como el agua, no es de nadie; la propiedad privada vino a mercantilizar ese bien común de la humanidad y sus pueblos.

El hecho de que se empezara a fraccionar y que unos sean sus dueños y otros no, es el resultado de un contrato social que nos dimos y aceptamos como sociedad y país. En algunos países, no existe como tal. En el caso uruguayo esto del suelo y su función social se debatió muchas veces, con Artigas y el reglamentario agrario de 1815, con Vaz Ferreira a principios del siglo XX y otros en distintos momentos, hasta en políticas concretas como la que logró FUCVAM con la creación de la Cartera de Tierras de la Intendencia de Montevideo a finales del siglo XX. Por decir tres momentos distintos, que construyen una lógica donde el acceso al suelo garantice la pública felicidad.

Entonces, cuando el suelo se transforma en una mercancía, y esta mercancía, además, tiene un lugar especulativo. Porque el suelo vale por lo que se le puede hacer arriba, y por su locación. Por eso es distinto vivir en Casavalle que vivir en Carrasco en cuanto al precio del suelo y la vivienda, y así otros barrios y localidades en todo el país.

El suelo vale por lo que se le puede hacer arriba, no es lo mismo que puedas hacer una casa que un edificio de diez pisos. Lo mismo con el suelo rural, si es un suelo que permite transformarse a lo urbano y fraccionarse. Detrás de todos estos procesos no solo se ve un proceso de acumulación de rentas, sino que también de especulación. Y una de las lógicas predominantes es la especulación con el suelo y esto también FUCVAM lo alerta.

La especulación, además, se advierte en cosas concretas: fincas abandonadas que esperan a tener un mayor valor, pero que paga la contribución como se establece en algunos informes del Defensor del Vecino de Montevideo sobre el municipio CH. Y a nivel agrario nos enfrentamos en la extranjerización del suelo y si bien lo tenemos en cuenta para debatirlo no lo hecho en el caso del suelo urbano, que también sucede.

En relación al suelo y su función social, a nivel agrario en el siglo XX se instrumentó el Instituto Nacional de Colonización, la cual estaba centrada para favorecer el acceso al suelo y repoblamiento de personas en ese medio. Más allá de las luces y sombras, dicho Instituto implica un instrumento de actuación en el medio rural, a nivel urbano no hay una figura similar.

¿El Instituto de Reforma Urbana tiene el mismo rol del Instituto Nacional de Colonización, entonces?

Habría que pensarlo. El documento establece su existencia y esa es una provocación para debatir. Lo mismo ocurre con el Instituto de Colonización, que hay que repensarlo y ver si realmente apuntalo a los pequeños productores y asalariados para quedarse vivienda y trabajando en el campo de la forma que se previó, y cuál es su incidencia en el proceso de concentración y extranjerización del suelo rural.

Ahora, el posible Instituto de Reforma Urbana estará ligado a la larga trayectoria del ordenamiento territorial, que es un problema delicado. La idea es constituir un organismo que dirige algunas cosas claves para la administración del suelo, ya sea leyes, que no se aplican desde la Administración Central, entre otras cosas, tiene su complejidad; pero sobre requiere una audaz decisión política por incidir y regular el suelo urbano. 

El Instituto debería considerar que suelo es para construir, por ejemplo, viviendas sociales, localizaciones; que es más que las carteras de tierras. O sea, constituir un árbitro por la necesidad de regular el mercado y el suelo intervenido. Eso, son dos objetivos: regular e intervenir en la producción de vivienda y ciudad.

Se establece que el Instituto de Reforma Urbana tenga su propio fondo, ¿esto se derivaría del Fondo Nacional de Vivienda (FNV) o sería particularmente destinado?

Eso lo conversamos bastante, porque la idea no es que los fondos no salgan del Fondo de Vivienda para alimentar el Fondo de Reforma Urbana. Primero, por una cuestión de que la Reforma Urbana es mucho más que la vivienda, sino que apunta a la cartera de suelos, la constitución de espacios públicos, la construcción de equipamientos urbanos, entre otros. Y luego, porque siempre está la tentación de los gobiernos de turno, de echar mano de forma indiscriminada a los fondos que disponen para vivienda pública.

Tampoco definieron si era, por ejemplo, un organismo que pueda configurarse como un organismo de la Administración Central o los gobiernos departamentales.

No, pero es nacional. La discusión nuestra, al menos, fue en torno a lo nacional. Pero eso ya es un detalle.  Hay que debatirlo, pero ya sabemos que la formas de pensar en 19 intendencias y 19 formas de administrar el suelo, actualmente son un problema.

En el documento se establece que ya existen instrumentos para desalentar la especulación del suelo, pero no se han implementado ¿cuáles son estos instrumentos y por qué hoy no tienen un efecto deseable según su perspectiva?

Existen instrumentos, aunque no necesariamente todos están implementados. En realidad, se implementan poco, ¿no? Con la Ley de Ordenamiento Territorial, se crearon instrumentos que apuntan a ordenar el territorio. Pero pese a las constantes restricciones de la norma, la gestión por excepción y planes planes a medida del inversor, prima la lógica del capital.

Con la parte ambiental ocurre lo mismo. Hay todo tipo de instrumentos, pero los instrumentos se implementan de manera arbitraria. Cuando hay suelo se supone, por ejemplo, que el Estado uruguayo tienen preferencia en la ejecución. Antes de ofrecérselo al mercado, deberían ofrecérselo al Estado. Pero se termina cediendo a favor de intereses privados. Los instrumentos separados, aislados, sin una fuerte regulación ycon un Estado, sin participación social, se vuelven un saludo a la bandera.

Ustedes también proponen una progresividad en la cobranza de los impuestos al suelo ¿por qué se les ocurrió la propuesta y cómo esta progresividad balancearía el uso especulativo del suelo?

Es un poco lo que ya decía: de alguna manera no puede haber motivo para que alguien tenga un suelo con servicios, saneamiento, luz y todo, sin uso, y no se le quita ese suelo o la edificación ociosa. Si estoy especulando con un suelo o vivienda, es decir, no se utiliza para esperar darle otro uso u obtener mayor renta; pues, entonces debe haber una acción del Estado que desaliente eso.  Por lo cual, una forma es con el cobro con aumento progresivo si esa situación se mantiene.

Hay muchas de obtener o capturar renta desde el sector inmobiliario, que deberían generar un retorno por ese mayor aprovechamiento o plusvalía urbana, la cuestión es aplicar los instrumentos existentes y crear otros que permitan mayor justicia.

¿No usas el término de gentrificación por algo en particular?

El término de gentrificación, que es un anglicismo, intenta dar cuenta del proceso por el cual sectores de mayores ingresos desplazan de un lugar a personas de menor ingreso de forma general. No es necesariamente aplicable en América Latina en todos sus términos o mejor dicho la traducción es discutible, no porque no pasen procesos de sustitución de sectores sociales por otro.

Pero, se pueden usar otros conceptos e incluso pensar particulares, por ejemplo, Uruguay cuenta con mecanismos sociales e institucionales que suelen configura procesos más progresivos o graduales, y no tanto masivos para que esto se produzca, y lo importante dar cuenta del fenómeno más allá si es o no gentrificación el nombre correcto. 

Sino podríamos caer más en preguntarnos cuestiones asociadas a la definición de gentrificación, que es sustituir una población por otra, como: ¿En cuánto tiempo se hace la sustitución? ¿Algo que sucede poco tiempo y es masivo?; que en entender los procesos de transformaciones territoriales y sus implicancias. 

Por lo cual, plantear los problemas que suceden por las dinámicas del capital inmobiliario y sus afectaciones a los tres derechos elegimos, requiere no solamente conceptos apropiados, sino que permitan la apropiación y activación del pueblo que va a movilizarse por alterar el orden social de despojo en el que vivimos.