Alicia Artigas comenta que aceptó enseguida la invitación de FUCVAM a elaborar la propuesta y define que la riqueza del enfoque está en haber logrado un trabajo interdisciplinar. Reflexionar la vivienda desde las diferentes disciplinas le resultó gratificante. Y, según expresa en diálogo con El Solidario, siente que fue una oportunidad para compartir todo el conocimiento acumulado y ponerlo “al servicio de las organizaciones sociales”.

La propuesta de FUCVAM sobre la vivienda, no solo gira en torno a este derecho, sino que reclama otros dos más: la ciudad y el suelo. Aunque para Artigas, ni la vivienda, ni el suelo, ni la ciudad son derechos que puedan verse por separado, la idea le permitió dialogar sobre cómo confeccionar políticas en torno a esta perspectiva.

Además, de tener en consideración que vivimos en una sociedad altamente urbanizada y con altos niveles de segregación territorial. Punto que, según dice, “le quita el sueño”. En especial cuando de autosegregación territorial se habla. Porque el barrio privado se autosegrega. El suelo que se utiliza es irremediablemente finito: “una vez urbano, no se puede volver atrás”. Y según dice el magíster en Ordenamiento Territorial el suelo es: “de todos los que viven en Uruguay ya sean ciudadanos, extranjeros o lo que fuera”. Después de esa definición remarcará que “este bien común” es “un pedacito de algo que, a través de una escritura se puede declarar propiedad. Pero ese propietario tiene derechos y obligaciones”. Porque las ciudades se expanden y la población disminuye sobre un suelo que se termina y que, también, a veces se abandona.

Al ser invitada a formar parte del equipo que redactaría la propuesta programática de FUCVAM, ¿cómo se lo tomó y que la llevó a aceptar?

Lo consideré una buena noticia. La invitación provenía de una organización con trayectoria y prestigio como FUCVAM. También que se tenga en cuenta el vínculo que tengo con la vivienda. Por supuesto que dije que sí. Creo que hay que aportar más teniendo la formación y la experiencia que he ido acumulando. Esta oportunidad me sirvió para que lo pueda poner al servicio de las organizaciones sociales.

Fueron tres meses de reuniones junto al ingeniero civil Benjamín Nahoum, el doctor en Estudios Urbanos, Marcelo Pérez y la abogada Valeria España y la Dirección Nacional de FUCVAM, ¿cómo le resultó la experiencia?

La experiencia fue genial porque, además, contábamos con la perspectiva política de la Dirección Nacional de FUCVAM. La introducción del documento es una postura política por parte de las autoridades de FUCVAM, muy interesante. Además, el resto de los asesores convocados aportaron la mirada de cada una de sus disciplinas. Primero estuvo Benjamín Nahoum, un ingeniero civil que dedicó toda su vida a temas de vivienda. Valeria España aportó su mirada desde el derecho. Marcelo Pérez que hace poco terminó su doctorado vinculado a la segregación. Realmente, la segregación es algo que me preocupa.

No estábamos de acuerdo todo el tiempo en todo, pero el intercambio fue muy interesante. Además, hay algo de la riqueza del trabajo interdisciplinario que al hablar te das cuenta de que para mí algo significa una cosa, pero de pronto para Valeria España otra, y para Benjamín (Nahoum), otra. El documento es más que la suma de las partes, lo enriquece la construcción de una mirada colectiva.

Las propuestas están transversalizadas por tres derechos: a la vivienda, al suelo y el derecho a la ciudad ¿por qué se definió así?

Fue una cuestión operativa. Personalmente no puedo distinguir entre los tres derechos, uno va junto al otro, no hay otra forma, la vivienda no es una casa flotando en el aire.

Más aún, imagino, si la segregación le quita el sueño ¿no?

Claro. La vivienda tampoco es una construcción de cuatro paredes y un techo. Debe tener conexiones a servicios, vínculos con equipamientos y con infraestructura. El otro día, estuve hablando en una entrevista sobre intervenir en la ciudad consolidada y densificar, y leí en un comentario en YouTube que decía: “bueno, pero no vamos a vivir todos amontonados ¿no?”. Tal vez cuando alguien te escucha hablar sobre densificar la ciudad creen que uno va a construir un rascacielos y que la gente tiene que vivir una encima de la otra. Estamos muy lejos de pensar eso, Uruguay tiene un cuatro por ciento de población netamente rural, o sea, que el 96 por ciento vive en centros poblados, villas, pueblos y ciudades.

¿Usted cree que Uruguay está altamente urbanizado?

Sí. Es un país con tradición en eso. Desde hace mucho tiempo… pero no significa que eso sea malo. Que esté altamente urbanizado es una gran ventaja para los servicios, por ejemplo. Pero se empiezan a ver mayores problemáticas, cuando tiene la población más dispersa. Porque el mismo caño que va el agua para cuatrocientas viviendas es equivalente al que va para cuatro mil. Dentro de las densidades urbanas hay mucha oferta diferente. Hay gente a la que le gusta vivir con más espacio y a otros les gusta estar más cerca de los servicios y más cerca del centro.

Hay una diversidad importante en las ciudades y eso está muy bien. Las familias eligen vivir en el medio rural y suelen tener un vínculo más esporádico con la centralidad, suelen sostener que no usan los servicios o equipamientos. ¡Mentira! Siempre, ya sea que vengas a ver un partido de la selección en el Estadio Centenario o que te vengas a hacer un examen médico en el Hospital de Clínicas, vas a estar de alguna forma vinculado a los servicios que están concentrados en las ciudades. Nadie puede decir que no depende de los servicios de la ciudad. Cuando hablamos de derechos de la ciudad no significa que tengamos que vivir en ciudades sino que usamos lo que allí se concentra.

Con los dispositivos culturales existe una centralización.

Exacto. Con los dispositivos culturales y todas las cosas que tienen masas críticas mínimas para funcionar. Las Universidades también. No se puede construir un Teatro Solís en todas las capitales del interior, porque capaz que no se llena, o poner un Estadio Centenario en todos los pueblos del Uruguay. Hay un tema de escala de servicios. Ahí el tema clave es el transporte.

¿La movilidad es una forma de acceso a los dispositivos culturales entonces?

La movilidad es un tema para las ciudades del interior. Hay pueblos y villas que solamente se pueden vincular con un sistema de transporte a una de mayor categoría donde esté el hospital, por ejemplo. En esos equipamientos es donde hay que hacer hincapié. Es un tema de derecho a la ciudad, derecho a la educación, derecho a la salud y a todo. Porque el transporte es lo que te lo garantiza, el poder trasladarte a la centralidad más cercana.

Las líneas generales del documento establecen reducir las lógicas de especulación del mercado inmobiliario. Una propuesta concreta que gira en torno a esta línea es la prohibición de la ley de vivienda promovida ¿por qué?

La ley de vivienda promovida fue un tema de discusión, justamente, porque se propuso prohibirla expresamente. La ley de vivienda promovida no siempre fue igual, en el 2011 era una cosa y en 2021 cambió. Durante sus diez primeros años se construyeron montones de viviendas.  Ahora llevan como 38 mil viviendas construidas con esa ley, lo cual es positivo. Pero ¿cuál es el costo de haber construido esas viviendas? Eso va variando a través del tiempo, porque en el 2011 había otras disposiciones, había topes, había cantidad de unidades según cantidad de dormitorios.

¿Usted se refiere a la flexibilización que hubo cuando se permitió, por decreto del Ministerio de Vivienda, la construcción viviendas promovidas con monoambientes?

Ahí está. Por ejemplo, lo de los monoambientes para mí es una luz roja enorme. El monoambiente no es una vivienda. Punto. No tengo ninguna duda. El monoambiente es una celda con baño, no una vivienda.

¿Por qué? Porque en la vivienda hay un espacio para cada función en la vida. Si vos comes y dormís en el mismo sitio, si dormís y trabajas en el mismo lugar, eso se puede entender como una vivienda transitoria. También aplica a lo que puede ser un hotel que tenga habitaciones y servicios comunes, cocina común, salas de estar comunes o un comedor común también aplica ese concepto.

Es muy difícil establecer como Estado que el espacio digno de vivienda es veinte y pico de metros cuadrados, porque es en ese espacio donde el ser humano desarrolla toda su vida. Durante la Pandemia nos dimos cuenta de lo difícil que es estar siempre en el mismo lugar, trabajando y viviendo.

Sobre la ley promovida, me parece que habría que estudiar para atrás y ver qué efectos tuvo cada modificación y hacer un análisis más profundo de cuáles son los resultados de cada una de las modificaciones.

Cuando la ley promovida fue promulgada durante un gobierno frenteamplista, en 2011, se fijaron dos objetivos. La primera era incentivar la construcción en espacios donde no se construían y, además, hacer viviendas de precios accesibles. Según la postura de FUCVAM, eso no se cumplió. La construcción de interés social no se cumplió. ¿Usted tiene sus matices?

Creo que eso en muchos barrios ha tenido un impacto. Cosas positivas y cosas negativas. Se ha construido viviendas donde antes no se construía. Acá hay un tema de fondo que es el mercado, que vos lo mencionaste al pasar, pero no es el mercado inmobiliario en sí mismo, es el mercado en general. El mercado no cuida los recursos naturales. Pensemos en lo que pasa con el ambiente, con el agua. El mercado, por más que a largo plazo le convenga, no cuida el recurso porque el mercado siempre mira el corto plazo. la ganancia inmediata y la competencia con otros.

¿Y cuál es el recurso que el mercado inmobiliario menos cuida?

El suelo.

¿Por qué? ¿Qué pasa con el suelo?

El suelo es el territorio nacional, es de todos los que viven en Uruguay, ya sean ciudadanos, extranjeros o lo que fuera. El suelo es un bien común. Entonces, cuando uno tiene un pedacito de algo, uno tiene la escritura y la propiedad, tiene obligaciones y derechos, las dos cosas. El derecho a construir hasta donde las normas dicen y obligaciones que son respetar las normas que van a favor del bien común. Cuando está el interés privado y el interés común, debe primar el interés común.

Las ciudades son un ejemplo de ello. Uruguay tiene la virtud y la desventaja de que el país no crece en población. Entonces, ¿por qué las plantas urbanas en las ciudades crecen si la población no crece? Esa es la pregunta. ¿Por qué?

A partir de la década del 80, yo era estudiante de arquitectura y el urbanismo ya se planteaba esas preguntas. ¿Por qué el área metropolitana de Montevideo crece si la población decrece? La mancha urbana se va expandiendo… y es porque el mercado inmobiliario vende novedades. Inventa nuevos productos: el producto barrio cerrado, el producto torre con servicios, el producto conjunto con amenities o lo que sea. Entonces son productos que se inventan como nuevos y empiezan a desplazar población. Esos productos van dirigidos a determinada clase social, ese grupo va moviéndose y deja otros espacios libres en la ciudad.

Ahora, algunos productos nuevos consumen espacio rural. Y, al mismo tiempo, ese desarrollo urbano no produce ciudad, no produce servicios, porque son privados. Muchas veces, el suelo productivo queda vacío, además, por especular esperando un club de campo.

Durante el evento de la vivienda como política de Estado organizado por FUCVAM, indicaste, además, que el suelo urbanizado tiene su tope: no se puede volver a recuperar.

No. El suelo es un recurso finito. Una vez construida la ciudad no se vuelve para atrás.

La segregación territorial ha aumentado. Sobre el suelo se producen dos lógicas de segregación: el que se segrega por necesidad y el que se auto segrega.Tanto en los barrios sobre suelo informal, ocupado por familias que no tienen otra solución, porque es un tema de necesidad o como en la decisión de ocupar nuevos suelos para productos inmobiliarios que prometen la maravilla de vivir en el verde, en un entorno seguro, donde tus niños corren y andan en bicicleta por una calle privada.

Sobre estas puntualizaciones que estuviste realizando sobre la segregación, el documento establece que existen instrumentos que regulan la especulación inmobiliaria que no se estaban aplicando. ¿Cuáles son estos instrumentos dentro del marco de ordenamiento territorial que se pueden mejorar o que no se están aplicando?

La Ley de Ordenamiento Territorial da derechos y deberes sobre la propiedad. Es una ley que establece obligaciones por ser propietario. Por ejemplo, la obligación de usar y mantener el inmueble. Hay una cantidad de cosas que están en la ley y no son ese pensamiento tradicional de “en mi terreno hago lo que quiero”. Es el extremo del libre mercado. Pero ese terreno está en una ciudad, y la ciudad es un bien común. Eso también está en la tapa del libro, la ciudad es una construcción colectiva a través del tiempo y a través de muchas personas, o sea, es de todos.

Hay una cantidad de instrumentos hay contribuciones a construcciones irregulares, hay una ley de viviendas vacías. Hay instrumentos que son como se dice, impuestos progresivos a viviendas o a terrenos que están sin uso, impuestos al baldío, o sea, todas las Intendencias tienen algunos instrumentos. Lo que pasa es que cuando se pone solo ese instrumento y no se pone un incentivo, no funciona. Vos usas un terreno y, en vez de guardarlo y esperar a que suba de precio, te conviene usarlo porque hay incentivos para que construyas viviendas y ciudad.

Hay una serie de instrumentos que pueden combinarse y, a veces, cometemos el error de pensar que uno solo instrumento va a resolver todo.

Al mismo tiempo, las viviendas vacías suelen ser un mecanismo de especulación, ¿no?

Y de lavado.

¿Lo dice así, sin más?

Lo he dicho más de una vez. Sí, y de lavado. Los bienes inmuebles pueden ser un refugio de capitales, o de blanqueo… hay muchos países, barrios o ciudades del interior donde los resultados están a la vista de cualquier persona. A veces no se sabe por qué tanta inversión para dejar edificios vacíos. Eso es raro.

Con respecto a esto, ustedes establecieron una contraposición y una necesidad del espacio público a través el Instituto de Reforma Urbana para, digamos, dotarla de espacio público ¿pero de qué gobernanza estaríamos hablando? ¿Un Ente Autónomo, un organismo a nivel municipal o una política dentro del Ministerio de Vivienda?

En el documento de FUCVAM se recoge la necesidad de intervenir en el parque habitacional en la ciudad consolidada y combinarlo con las carteras de tierra. Ahora, esas funciones las podría tener un gobierno departamental. Pero ¿qué pasa? El gobierno departamental puede tener cierta lentitud para ejecutar algunas cosas y, además, no necesariamente coincidirían en el tiempo con otras obras de escala nacional o de escala municipal.

A lo que apunta un poco la idea es tener un instituto que coordine integralmente las intervenciones en la ciudad construida. Es decir, hacer reformas en un sector de la ciudad o una localidad, pero hacer todas las obras juntas. Un instituto que se dedique a intervenir en el espacio público y en el mercado de vivienda. instalar dotación de áreas verdes, o arbolado en cantidad apropiada.

La idea de una Reforma Urbana incluye los equipamientos que pueden ser competencia de distintos organismos públicos. Es una figura que ejecuta, hace los llamados, tanto de desarrollo urbano como de equipamientos, y para que su ejecución se coordine con las políticas de vivienda, compraventa de inmuebles o construcción de vivienda social. Sería como una CND dedicada a la reforma urbana, con capitales públicos que operen en el derecho privado, agilizando los mecanismos de intervención -como funciona MEVIR, por ejemplo. 

El Instituto surge de una necesidad de transversalizar también la visión de la intervención urbana. No significa que se saquen potestades a las Intendencias, que seguirán planificando y definiendo la territorialización de políticas de vivienda, sino que la administración traslada ejecución de obras ya planificadas y competencias al instituto le corresponda coordinar el momento.

Hay que buscar que las ciudades se reformen. Aumentamos la mancha urbana y vamos deteriorando los servicios que ya están porque se dan servicios a más área y los contribuyentes son los mismos. Además de perder suelo, al mismo tiempo se deterioran barrios que decrecen en población, queda vacante un suelo urbano en donde ya habíamos puesto infraestructura. No es lógico.

Y construir ciudad en muchos sentidos. Creo que la planificación de cada departamento debería apuntar a las necesidades del suelo y definir dónde la ciudad se amplía, dónde no, en qué área se consolida y se densifica, y diseñar instrumentos de incentivo a las obras de refacción y densificación en padrones privados. Todo eso hay que coordinarlo para que las políticas de vivienda tengan coherencia con la reforma en el espacio y los servicios públicos.

¿Actualmente eso no ocurre?

En este período de gobierno todo lo que es planificación fue bastante desprestigiado en el discurso y en la gestión.

¿Entonces, por eso la idea de que el rol de la planificación se institucionalice?

Las organizaciones sociales tenemos que recuperar la planificación como una herramienta que nos permita garantizar derechos y gestionar recursos escasos. La idea de una empresa o instituto de reforma urbana apunta a facilitar la ejecución coordinada de obras públicas e intervenir decididamente en el mercado de inmuebles simultáneamente, para que el derecho a la vivienda, al suelo y a la ciudad se ejerzan en forma integrada.