Por eso, las organizaciones sociales tenemos que estar muy atentas cada vez que el Poder Ejecutivo envía el Presupuesto al Parlamento, al comienzo de su mandato, o en cada Rendición de Cuentas. 

En cualquiera de esas instancias pueden aparecer leyes enteras o artículos que intentan llenar un vacío legal, o generar el marco jurídico para llevar adelante acciones, que de otra manera no se podrían concretar, por la ausencia de ese marco normativo.

Esta es una arista de la cuestión, ya que las organizaciones populares, también sabemos que cuando no existe el marco normativo o es desfavorable a los intereses de las y los trabajadores, tenemos que dar la lucha para que se generen las condiciones afines a nuestros objetivos y reivindicaciones. 

La Historia de las organizaciones sociales populares se ha construido a partir del entretejido de sus diferentes luchas por la conquista de más y mejores condiciones laborales, más y mejores condiciones para el acceso a la tierra, o a los préstamos.

Nadie nos regaló nada, ni el aguinaldo, ni las 8 horas, ni la silla para las mujeres embarazadas, ni el salario vacacional, ni la tierra para las cooperativas, ni el subsidio a la permanencia. Todas han sido, primero, conquistas gremiales, que luego el legislador aprobó.

Esto sucede en el marco de la nunca perimida lucha por los intereses de clase y por ello, también los poderosos de siempre, mueven sus hilos para obtener mejores condiciones  a sus intereses. La Ley de Inversión en Vivienda Social (LIVIS) es un ejemplo claro de ello. 

En gobiernos anteriores, específicamente en agosto de 2011, se aprobó la ley N.º 18.795. Esta normativa surgió, entre otras razones, como una alternativa de promoción de la construcción de viviendas en zonas del país donde las industrias inmobiliarias y de la construcción no prestaban especial atención. 

¿Cómo hizo el Gobierno para orientar las inversiones y la construcción de viviendas en esas zonas? La respuesta es muy sencilla: otorgando grandes exoneraciones a las empresas constructoras, que hoy llaman “desarrolladoras”, para que se decidan a invertir. 

Esas exoneraciones también contemplan objetivos menores como generación de más puestos de trabajo, aumentar la cantidad de viviendas y así disminuir el déficit habitacional.

Las grandes empresas constructoras y sus primas hermanas, las grandes inmobiliarias; formaron parte de la elaboración del proyecto ¡era (y ahora lo es más) flor de negocio!

La única traba que encontraban para su total satisfacción, eran unos topes colocados por el gobierno anterior, al precio de venta de las viviendas. Pero, al asumir el nuevo gobierno, y a sugerencia de las cámaras Inmobiliaria y de la Construcción, desde 2020 se sacaron esos topes, completando el círculo para que este sea un negocio redondo.

Tanto en Punta del Este como en zonas cercanas, las inmobiliarias argentinas, asociadas a personeros uruguayos, ofrecen a los inversores extranjeros la posibilidad de construir bajo este sistema exonerado, como una oportunidad de inversión: venden los apartamentos antes de construirlos, para que después las inmobiliarias los ofrezcan para alquilar. Construyen más barato, al exonerar impuestos que sí paga toda la población uruguaya, para luego venderlos a precios que van entre USD 120.000 y USD 180.000. Repito: ¡FLOR DE NEGOCIO!

A tal punto, que un operador inmobiliario de Punta del Este expresó, en una entrevista para radio ASPEN, que la vivienda promovida es el “producto estrella” de los últimos años, en Uruguay, en materia inmobiliaria.

Más viviendas entrando al circuito especulativo del gran capital, más ganancias privadas a costa del pueblo uruguayo y por supuesto el déficit de vivienda sigue estando igual o peor que antes de la implementación de la ley. Ningún trabajador de a pie puede comprar un apartamento de dos dormitorios a USD 120.000, y sin lugar a dudas, las familias que pueden hacerlo, no son las que engordan el déficit habitacional.

Esta es la verdadera cara de la vivienda social y la LIVIS, a la que después, en un intento por disimular un poco, se la comenzó a llamar “vivienda promovida”, sin cambiar ni una letra su articulado. Es decir, el pueblo uruguayo aporta y aportará al enriquecimiento de las grandes empresas capitalistas. Como los  enriquecidos dueños de inmobiliarias a empresas constructoras, se benefician, mientras que los y las trabajadoras vemos cada vez más lejos la solución al problema de la vivienda.

Entendemos necesario revisar el contenido de esa normativa, que no hace más que profundizar la grieta social entre ricos y pobres. 

Los grandes capitales siguen engordando y acumulando riqueza a costa de que el Estado y todas las familias uruguayas resignan ingresos que podrían ser destinados a la educación, la salud o la vivienda. 

La exoneración del IVA a los materiales debe extenderse a las cooperativas de FUCVAM, sin lugar a dudas. Mientras el Estado exonera al gran capital para que aumente su riqueza, los cooperativistas pagamos el impuesto y sus intereses, durante más de 25 años, y construimos viviendas que nunca entrarán al mercado especulativo. La vivienda es un derecho y no una mercancía.

En síntesis, nefasta ley que le sirve solamente al gran capital, empresarios y negociantes de la vivienda, mientras que los trabajadores y trabajadoras seguimos siendo quienes sostenemos con nuestro trabajo cotidiano y nuestros aportes, ese aumento de riqueza que termina depositada en los bancos extranjeros.

Con la fuerza, la coherencia y el compromiso histórico de FUCVAM con la clase trabajadora y la construcción de un mundo mejor.

¡LUCHAR HASTA VENCER!

Dirección Nacional de FUCVAM

Febrero de 2023