EDITORIAL EL SOLIDARIO
Lo inquebrantable es nuestro criterio
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Análisis de una crisis casi institucional. 

 

 

La corrupción es peligrosa. Es un fenómeno que debe ser transmitido con precaución, pero sin censura. Es una manzana que pudre lentamente a otras manzanas y debilita el cajón. La corrupción aumenta la incertidumbre y la desconfianza en las instituciones. Es una enfermedad que nace del poder y debe combatirse. Es una tentación para quienes tienen una concepción personalista del ejercicio de la política.

Para hablar de corrupción se necesita, en definitiva, una enorme responsabilidad. Sin chistes de mal gusto, ni calificativos que alimenten la grieta, ni conceptos fáciles y sin fundamento. La corrupción no es lisa y llanamente un abuso de poder, es también un juego político que termina con la democracia. 

Hay que decir que la corrupción en Uruguay, por suerte, también es un desvelo periodístico. Desde las “Tapaditas” de Eduardo Preve en M24, y anteriores filtraciones, a los análisis de Patricia Madrid en “Polémica en el bar”. El calificativo lamentablemente ya es moneda común entre las filas de la política partidaria, y que en entrevistas algunos políticos se confundan y califiquen la labor periodística. Lo cierto es que el periodismo uruguayo se volvió más incisivo. Si hay abusos de poder en Uruguay, al menos, nos enteramos. Y si el presidente de la República admite haber pedido una reunión para que se destruyan pruebas, hay alguien que lo advierte y se enoja, frente a un cuantioso público televisivo. Un punto para una de las instituciones democráticas que no admite la alevosía: el periodismo. 

Otro elemento a destacar de los abusos de poder es que si bien han terminado en destituciones, estamos lejos del juicio político. Punto para el Frente Amplio, una oposición que, siendo perseguida por privados como Vertical Skies y censurada sistemáticamente, prefiere combatir el abuso de poder a través del diálogo. 

Tras conocerse la eliminación de los chats y las renuncias de Lafluf, Maciel y Heber, fue el mismo presidente del FA, Fernando Pereira, quien aseguró en diálogo con TV Ciudad que el gobierno debería estar “agradecido” de la responsabilidad institucional con la que se toma el tema. También es la fuerza política que desempolvó la propuesta de conocer quién financia a los partidos políticos en Uruguay.

En el Parlamento no hubo interés de tratar tema de Marset como asunto político. Y algunos diputados nacionalistas, que hoy debaten la transparencia del financiamiento de los partidos políticos, demoran una sanción que tiene la intención de salir con amplios consensos, por discrepancias en artículos que regulan tiempos de las pautas publicitarias en televisión. Difícil el avance de la transparencia. 

Otra realidad uruguaya es la del otro poder, el Poder Judicial. En un marco de calificación y de análisis superficial del rol de la Justicia, tenemos a la fiscal Alicia Ghione, quien investiga a Gustavo Penades por abuso de menores y lo encarcela sin detenerse en los pormenores de su investidura. Lo hizo pese a las presiones e ilegales persecuciones de policías. Un hecho aislado que pone sobre la mesa un enunciado que debería decirse con más regularidad, cuando del accionar del Poder Judicial se trata: la credibilidad está intacta. Hoy el exsenador, que intentó con todas sus fuerzas no estar ahí, descansa en una decente celda. Puntazo para el Poder Judicial y su contexto histórico. 

Hoy en Uruguay abusar de menores es un delito, incluso, para un senador de carrera como el exnacionalista Penades. Otro punto para la institución parlamentaria que sacó la investidura del camino. Otro más para el contexto histórico. Así que, por lo menos, podemos decir que si bien existen abusos de poder en el sistema político, también existen bastiones que penetran la impunidad y hacen pagar, algo, a los poderosos. 

Los puntos en contra 

Aunque también tenemos que recordar, que más allá de los favorables casos de todo el mosaico de instituciones políticas uruguayas, también están quienes bajan la vara. 

La práctica política en Uruguay admite senadores que tienen más inasistencias que asistencias en la actividad parlamentaria, senadores que no entregan documentación a organismos de contralor, organismos de contralor sin poder sancionatorio, senadoras que comparten fake news con actores pornos, ministros que califican investigaciones de fiscales, ministros respaldan como amigos, un Presidente que pide que se concreten reuniones entre asesores  y “pasa a saludar”. 

O sea que existen, elementos que descomponen a la manzana a cuya podredumbre tenemos que erradicar. Y la palabra corrupción, así con esa claridad, se dijo únicamente durante una manifestación del movimiento popular. Porque alguien lo tenía que decir y se dijo. Punto para la masa popular organizada. El primer paso en todo proceso es la aceptación. 

La investigación es una tarea que necesita de recursos. No nos olvidemos que sistemáticamente el Poder Judicial denuncia la falta de recursos para diagnosticar la ilicitud o atender las demandas. Desde la Asociación de Fiscales Uruguayos, quienes llegan a manejar individualmente de 60 a 900 casos al mismo tiempo, a la Asociación de Defensores de Oficio, que atienden a 300 mil personas año. 

La Justicia pública uruguaya es una de las mejores, pero a costa de voluntades éticas y vocacionales de quienes las integran. Faltan manos, faltan edificios, faltan turnos, faltan fiscales, administrativos y abogados, aún hoy el alimento financiero de uno de los contrapoderes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, está sujeto a los intereses del gobierno. Cuando la realidad es que: alrededor del 85 por ciento de los casos requieren de asistencia de un defensor público, y unas 300 mil personas al año deben ser atendidas por 291 funcionarios judiciales. 

Como tantos otros derechos humanos, el acceso a la Justicia es limitado. Porque, si bien existen abogados que son un lujo popular, por el momento, solo a uno pudo reunirse con la exviceministra Carolina Ache, para poder agilizar la tramitación de un pasaporte que liberaría a su cliente: el entonces preso en la cárcel de Dubai y ciudadano uruguayo Sebastian Marset.

Respecto a este doloroso punto, también hay que aclarar que si bien hay periodistas que han puesto la alevosía en su lugar, hay otros que le confeccionaron un monumento. Marset habló en televisión abierta. El punto más alto del ranking de esa noche y 288 mil visitas en YouTube.

Por lo menos miles lo vieron hablando de cómo es un buen padre de familia, un pibe tranquilo, una persona que poco a poco fue construyendo un imperio de violencias, pero lo hizo desde la humildad y escuchando reggaeton. Es cierto, puede ser de origen humilde. Tal vez esa sea la razón por la que publicitar al humano detrás de la figura es peligroso. Porque hay enamorados de una piba en todos lados y muchos quieren conquistarla a través del poder. Y, tal vez, algunos logren el poder a través de votaciones, títulos universitarios, una cara bonita o vendiendo humo. Pero otros lo logran agarrando un arma y conquistando al barrio, muriendo en el intento, lidiando con la frustración diaria consumiendo, o, ser la excepción del caso, y que la lona no sea el destino para convertirse en un multimillonario como Marset. 

Las mariposas entran a su lujosa mansión de vacaciones como amables familiares saludando y eso es consecuencia de la desaparición forzada, el tráfico de drogas, el microtráfico, que ha dejado muertes y otras vidas en la miseria. Difícil es convencer a un pibe o una piba de que el sacrificio del laburo, del estudio, es mejor que la vía corta para la vida del exceso y la riqueza. El único argumento es que, como siempre, la mayoría termina en el camino. 

En Uruguay hubo 203 casos de muertes dudosas y otros 388 homicidios en 2022. También hay 15 mil personas en la cárcel, la cifra per cápita más alta de América Latina, por cierto. Y las consecuencias como las cifras solo aumentan. Mientras las y los trabajadores sociales, docentes, educadoras, funcionarios de INISA, INAU, centros juveniles, maestras y todos esos oficios y profesiones que se enfrentan a la vulnerabilidad refuerzan su discurso para decir: “el hilo es poco, vos siempre vas a ser el lado fino”. Es el sistema político, debería hacer lo suyo y brindar las condiciones alimentarias, territoriales y presupuestales, para que ese consejo tenga lugar. 

El hecho político: la perspectiva de la ciencia política

Con fenómenos regionales como el de Libertad Avanza del actual presidente Javier Milei, la corrupción en las filas de una denominada “casta política” es riesgosa. La judicialización de la política, aquella en la que se proponen juicios políticos contra Carolina Cosse solo por el mero hecho de ser una contrincante respetable, también. Porque la vía para ir contra delitos complejos, como es la corrupción, es el contralor. El resto es el show político del individualismo que se fomenta en las redes sociales. 

La filtración de los audios de Bustillo escandalizaron la población de miércoles a sábado. Cuando se supo que en las mentiras emitidas en el Parlamento y supuesto el desconocimiento de los antecedentes penales de Marset por parte de las jerarquías del ministerio del Interior y Relaciones Exteriores, no solo atañían a un intercambio de mensajes entre él aquel entonces vicecanciller Carolina Ache, el canciller Bustillo y el dos del interior Maciel, sino que hubo en paralelo una reunión de expresamente organizada de los asesores directos del presidente de la República. 

Los primeros en salir a dar la cara con preocupación fueron los politólogos. Dirigentes del resto de los partidos de la coalición, e incluso los mismos nacionalistas, aguardaron el regreso del presidente para solicitarle una reunión. El doctor en ciencias políticas por la Universidad de la República (Udelar), Adolfo Garcé, fue entrevistado en Desayunos Informales al otro día de la filtración de los chats. “Estamos frente a una crisis política gravísima, para mí, la más grave desde que comenzó el gobierno, esto es mucho más grave de lo que pasó con Astesiano. Implica personas más cercanas al presidente”, dictaminó el politólogo en referencia al estratega comunicacional y ejecutor de la única política pública eficiente del gobierno, Omar Lafluf.

El debate en ese momento giraba en torno a si se trataba de una crisis política o institucional. “El FA fue medido y no es institucional la crisis”, sostuvo Garcé en referencia al comunicado que horas antes había emitido la fuerza política. Desde su perspectiva, la oposición actuó con “mucho tino y mucha responsabilidad”, al no pedir la cabeza del presidente. 

Por otro lado, el politólogo Daniel Chasquetti sostuvo, en diálogo con el Lado B de TV Ciudad, que la eliminación de un papel notarial en una investigación administrativa, los audios filtrados de Bustillo diciéndole a la viceministra que “pierda el celular”, era una “crisis político institucional”. El calificativo “institucional” se debía a que en la ciencia política ese término se refería a las “reglas de juego” habían cambiado. 

Según Chasquetti, las reglas que cambiaron fueron: “la relación entre los poderes”, “dos ministros fueron a una interpelación al Parlamento y ocultaron información y mintieron”, “una investigación administrativa en la que un ministro buscó eludir la entrega de información”, “el Poder Ejecutivo tiene acceso a una carpeta y la destruye”. Como estas acciones representan un “ademán violento” contra las reglas de juego, el politólogo aseguró que las instituciones también tenían heridas.

El presidente de la República llegó de su viaje y tomó medidas. Citó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa un sábado a la tarde, llegó en un vuelo privado, tuvo reuniones con la coalición y la oposición. Finalmente, anunció a la población uruguaya que Heber, Maciel y Lafluf, se sumaban a la renuncia que el propio Bustillo había pedido el día después de la filtración. 

Pero los escándalos fueron consecutivos y se alimentaron unos con otros, según el análisis de Gerardo Caetano en Nada que Perder, hasta el propio presidente debe saber que sus explicaciones no resultaron satisfactorios para muchas personas y militantes, incluso, de su propio partido. Todo un dilema comunicacional.

Quien explicó la sucesión de los hechos fue el docente grado 5 y politólogo Daniel Buquet en el Lado B. “No deberíamos hablar de una crisis institucional porque aún no está en juego la continuidad de ninguno de los actores del poder del Estado, la división de poderes sigue sin mezclarse”, sentenció por su parte. 

Los meses fueron pasando y poco a poco, salvo algún que otro insulto propinado por la población durante la inauguración del Hospital del Cerro, se pudo dilucidar que aún no hay consecuencias para el presidente. 

Tal vez, como establece Buquet, sea hora de en un mundo colmado por las crisis usar el término “situación crítica” que no relativiza a la gravedad, pero sí ayuda a ver el desencadenamiento de los hechos con la tranquilidad que se necesita. 

El presidente sigue intacto, y continuará así no solo por el silencio de los demás dirigentes de la coalición y la responsabilidad de la oposición, sino porque no se llegan a los votos constitucionales necesarios para iniciar un proceso de juicio político. Si no hay más escándalos debajo del tapete, aunque ya sumó su punto Juan Sartori cuando no entregó una declaración jurada del patrimonio de su esposa a la Junta de Transparencia y Ética pública, la resolución del dilema será en la Justicia y en las urnas. 

Ocurra o no, deberíamos empezar a reflexionar el rol de los organismos de contralor en el Uruguay y cómo evitar que el poder corrompa al funcionariado público. Una pregunta de vital importancia para una población que no suele querer dañar a las instituciones como Uruguay. Y que tiene tanta memoria que recuerda, que el límite entre lo institucional y lo político es quien paga las consecuencias. 

Las crisis políticas las pagan los partidos, pero las institucionales suelen pagarse de muchas maneras. Algunas terroríficas. Así que comencemos por plantear algunas soluciones que devuelvan el sentido institucional que merecen palabras como la ética, la transparencia y la información pública. En especial porque algunas deficiencias presupuestales no son novedosas y tienen sus décadas encima. Como la falta de funcionarios y medidas sancionatorias de la Junta de Transparencia y Ética Pública, el Tribunal Contencioso Administrativo y toda la maquinaria de la Justicia. También existe una lección un poco más profunda y si llegó hasta acá, cumplió un poco. En el fondo, siempre deberíamos estar pendientes de lo que ocurre y leer las noticias. Porque el primer velador del accionar político es el pueblo. Y la primera institución inquebrantable debe ser su criterio. 

Qué año. No hay espacio ni para Salto Grande. ¡Les deseamos un 2024 más tranquilo! 

La Redacción de El Solidario