Aunque muchos especialistas e interesados en el rubro supusieron que al ser la última Rendición de Cuentas antes de la celebración de las elecciones nacionales, la vivienda percibiría un aumento, la intención del Poder Ejecutivo contradijo las suposiciones de los expertos. La vivienda ocupa apenas un 2 % del PBI y supone una reducción de 69 millones de dólares en comparación a las últimas administraciones.

“Vivienda, como dicen los jóvenes, está en el horno”, manifestó durante su comparecencia ante la comisión de Vivienda y Territorio de Diputados el secretario general de FUCVAM, Gustavo González. Según su perspectiva, la reducción de recursos supone para González que la política no se desarrolle estatalmente. “No importa si el Frente Amplio, si el Partido Nacional o quien sea con esto, no puede haber una política de Estado”, aseguró.

En este sentido, aseguró que, de Rentas Generales, y no del inciso específico de presupuesto destinado para vivienda, se incorporaron dos iniciativas del actual gobierno: El Plan Avanzar y Entre Todos que recibirán otro tipo de financiamiento. “El Entre todos es un Fideicomiso de una ley de vivienda promovida para pobres, pero todavía no se sabe quién va a poner la plata. Ustedes van a votar cuando no se sabe quién será el proveedor del dinero”, subrayó el secretario general de FUCVAM.

Por otra parte, González sostuvo que, si bien políticas destinadas a la reducción de asentamientos como Plan Avanzar se financia con dinero ya disponible para la impartición de políticas de esta naturaleza, el dos del Ministerio de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, aseguró a la Federación que solo se alcanzará un 20 % de las metas fijadas por la actual administración.

“¿Cuáles fueron los programas que más ejecutaron? Las cooperativas de vivienda”, puntualizó González para luego indicar que si se sigue con esta línea de financiamiento, el déficit habitacional uruguayo “lamentablemente va a aumentar”.

En este sentido, el secretario general de FUCVAM aseguró que la propuesta de la Federación ha sido afectar el 0.25 al impuesto al patrimonio y destinar ese dinero al Fondo Nacional de Vivienda, de manera estable y permanente. Esta afectación plantada se recaudaría entre 300 millones a 329 millones de dólares anuales.

La judicialización de la política como respuesta estatal

Sobre el artículo 166 de la Rendición de Cuentas, González manifestó una “gran preocupación “. De aprobarse este artículo, todo juicio que inicie el Estado contra una cooperativa tendrá que correr por cuenta de la propia cooperativa. “Nos gustaría saber cuál es la fundamentación”, cuestiono González.

Si bien supuso que el argumento a favor de la aprobación de este artículo es “la reducción del gasto del Estado”, el secretario general de FUCVAM, indico que la intención de la cooperativa es que “el Estado nos controle”.

“Si un socio denuncia a una cooperativa de cualquier rama porque cree que hay un obo, el Ministerio de Vivienda o la Auditoria General de la Nación, tienen que judicializar el caso, o sea enviado directamente a un juzgado”, argumentó en contra González para luego agrega que “si el juez nombra a un auditor o un interventor lo tiene que pagar la cooperativa”. Esta judicialización de la intervención estatal supone que el Estado uruguayo se desembarace de una “responsabilidad que tuvo toda la vida”.

Sin mención, ni respuesta: las preocupaciones parlamentarias

Si bien las preocupaciones del secretario general de FUCVAM, Gustavo González, el presidente de la Federación, Enrique Cal y la integrante de la Dirección Nacional, Isabel Zerboni, giraron en torno a los puntos más tratados por las y los cooperativistas de ayuda mutua, las inquietudes parlamentarias fueron otras.

La presidenta de la Comisión de Vivienda y Territorio en Diputados, la frenteamplista Cecilia Cairo, planteó que durante varios recorridos por el interior del país la formación de cooperativas de vivienda se realizaba con la asistencia de Institutos de Asistencia Técnica, lo que conllevaba “que no se generara el ambiente comunitario de las cooperativas” y un claro desconocimiento de cómo se ejecutaba la política.

“Estamos preocupados por la falta de información de la gente a la que le hacemos preguntas y no sabe cómo son los procesos; por ejemplo, quieren el terreno antes de haber iniciado el trámite. Es decir, son demasiadas cosas que llaman la atención en todos los planteos que recibimos. Por eso consideramos que hay que hacer un seminario para explicar cómo funciona el cooperativismo y que las instituciones, que son las encargadas de hacerlo, también nos ayudan a trasmitir mejor”, invitó la presidenta de la comisión.

Por su parte, el cabildante Elsa Capillera, planteó los dilemas sobre la “impermeabilización del hormigón”, cuyo preparado debe ajustarse al aumento de cloruro y sodio, y supone la confección de uno de los materiales de construcción más utilizados para la edificación de viviendas.