El plebiscito de seguridad social suscita mucho interés. Si Gabriel Oddone asume como ministro de Economía en un futuro gobierno progresista, una de sus primeras salidas públicas apunta a aclarar que la victoria de la papeleta del movimiento popular, no significaría el fin del mundo. Si Álvaro Delgado llega tarde a su asunción como presidenciable, en el mismo momento que se sube al estrado, afirma que existen dos prioridades para el Partido Nacional: ganar las elecciones y que pierda el plebiscito por la seguridad social. Si a los analistas y a los politólogos les molesta la falta de debate mediático sobre propuestas gubernamentales, por el momento, el tema más tratado por editoriales, opositores y disputas internas, ha sido el plebiscito.

 Y justo una hora después de publicado el mensaje de la Comisión Nacional de la campaña #AfirmáTusDerechos en cadena nacional, se inicia un debate en la Facultad de Ciencias Sociales, la concurrencia presencial es vasta. Con más de 800 personas en espera, media hora antes, por streaming y un patio lleno de estudiantes mojándose.

Mientras algunas editoriales pronostican un destino incierto y dicen sostener la respiración porque un “microgrupúsculo” dejó a la ciudadanía en vilo, los eventos sobre el Sí proliferan y convocan. 

Así ocurrió en la sala Luisa Cuesta de la Facultad de Ciencias Sociales, en un evento organizado por estudiantes de Extensión, donde los detractores, el senador colorado Ope Pasquet y el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain, perdieron contra los defensores del SÍ, Karina Sosa, la presidenta ATSS y el integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Sergio Sommaruga. 

El público presente irrumpió tres veces en aplausos, incluyendo, a los que presenciaban el debate desde el patio interno, que a unas cuatro filas más allá se refugiaban bajo paraguas.

Cuatro frases fueron las que más repercutieron en el público. Tres enunciadas por Sommaruga y, la última, por Sosa. En las primeras oportunidades el público quiso remarcar las afirmaciones del integrante del Secretariado Ejecutivo, cuando se expidió sobre el abuso de términos técnicos por parte de los detractores, también al cuantificar los números de las exoneraciones y evasiones fiscales de las empresas multinacionales.

Por su parte, Sosa defendió el fortalecimiento del Banco de Previsión Social y un sistema público de seguridad social. Cuando el público aplaudió, hasta el propio Saldain, mostrándose inseguro, sostuvo que él también estaba de acuerdo con la afirmación de Sosa.

LA PRESENTACIÓN

Un país sin litio, ni cobre se propone reforzar el sistema público de seguridad social.

Sergio Sommaruga inició la primera ronda de preguntas. A cada participante le correspondían cinco minutos. Traspasar el límite concedido por bloque o interrumpir a otro interlocutor quitaba minutos para sus propias intervenciones finales. Sin embargo, desde Sommaruga hasta el último expositor de la mesa, Ope Pasquet, la posibilidad de interrumpir al contrincante y disminuir el tiempo de sus propias intervenciones no fue utilizado.

La oratoria del integrante del Secretariado Ejecutivo se centralizó en el primer bloque como en los siguientes en el concepto de “libertad” y en destacar el recorrido que el “movimiento popular” tuvo que atravesar para que la iniciativa se defina. También remarcó que los tres puntos incluidos en la papeleta, la equiparación de las jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, establecer el límite de jubilarse a los 60 años con 30 de aportes y eliminar el lucro financiero, eran “medidas cautelares”. “Los ricos no necesitan derechos porque tienen privilegios, la libertad sin restricciones impacta en estos derechos, para los pobres estos tres derechos son fundamentales”, indicó Sommaruga. 

Reforzando, por su parte, la presidenta de la ATSS, definió a los tres puntos de la papeleta como “un límite a que cualquier gobierno cambie las reglas de la seguridad social por presupuesto o por compromisos con gobiernos extranjeros”. Sosa aseguró que la sostenibilidad del sistema de seguridad social debía apuntar a la “redistribución de la riqueza” y que esta se concretaría “a través de un fuerte diálogo social y no como sucedió con la Comisión de Expertos en Seguridad Social que no escucharon al movimiento popular en su conjunto”. 

El argumento de los “detractores” a la propuesta plebiscitaria giró, esencialmente, en torno a dos puntos: la “confiscación” y la sostenibilidad del sistema. “Somos tres millones de habitantes, no tenemos litio, no tenemos cobre, ¿con qué pensamos atraer las grandes inversiones?”, cuestionó Ope Pasquet en referencia a la eliminación de las AFAP y a la pérdida de inversiones. Por su parte, Saldain recurrió al calificativo sosteniendo que la reforma era “de carácter ideológico” y quienes impulsaban la iniciativa eran “terraplanistas de la política”. 

LA SOSTENIBILIDAD Y FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Rodolfo Saldain reconoce que las “AFAPs tienen problemas”.

“¿Es relevante la sostenibilidad y el financiamiento del sistema?”, consulta en el segundo bloque el periodista Ricardo Leiva a los y la expositora. Al iniciar Pasquet, se disculpó por no ser especialista en seguridad social y tomó el guante por la vía de la “inseguridad jurídica”. 

“Miren, en este tema estamos en un terreno claramente económico. Como no soy economista, lo que hice es tener en cuenta lo que dicen los que saben, es como cuando uno está enfermo. Va al médico, no va a la farmacia”, empezó el senador de la República. 

“Todos”, continuó Ope Pasquet desde el Centro de Investigaciones Económicas, dicen que la reforma es “insostenible”. Por el contrario, definió a la sostenibilidad como “una promesa de pago” que implica  pedirle a los y las trabajadoras que ahorren para su jubilación.

“El sistema tiene que poder cumplir, la sostenibilidad y la suficiencia del sistema, son dos cosas importantes en la seguridad social. La suficiencia es cuánto le pagamos a los trabajadores. Pero si nosotros establecemos que le pagamos diez salarios mínimos a los jubilados para no tener problemas con la suficiencia, desde el punto de vista de la suficiencia, está fenómeno. Desde el punto de vista de la sostenibilidad es inviable”, explicó Pasquet. 

Ampliar la cobertura y pasar a un sistema enteramente “solidario” y administrado por el Banco de Previsión Social (BPS), es un sistema de gestión que para el senador colorado desde la década de los noventa, - durante el gobierno de Julio María Sanguinetti - se anunciaba como una forma de “quiebre”. 

“Ese régimen nos tomaba el 15 por ciento del Producto Bruto Interno”, estimó. Pese a reconocer que con la devolución del dinero administrado por las AFAPS al BPS, se podría mantener un tiempo de espera de 15 años, Ope Pasquet continuó indicando que en la papeleta hay un error jurídico: “no se dice quiénes van a ser los beneficiarios del fideicomiso”. 

Sosa comenzó coincidiendo con Pasquet “si, hay que preguntarle a los que saben”. “La reglamentación y la interpretación de cómo se lee el texto de la papeleta es materia legislativa”, y dirigiéndose hacia la especificidad, sostuvo que “los cálculos de las prestaciones y pensiones del BPS, algunas veces se calculan por prestación y otras por persona”.

“En el caso del fallecimiento de una persona, por ejemplo, las prestaciones son por persona. Ahí radica la diferencia de interpretaciones y la diferencia abismal entre los 460 millones de dólares anuales que decimos costará la reforma y los 1400 millones de dólares que dicen ellos que costará”, explicó la presidenta de ATSS. 

“Las autoridades de BPS en su momento reconocieron que, si el sistema se hubiese mantenido completamente solidario, los y las trabajadoras hubiesen ganado 260 millones de dólares por año, lo que implica 10 mil pesos menos por persona. Las AFAP fracasaron ¿en contra de quién? De los trabajadores y las trabajadoras”, concluyó Sosa.

Dejando aparte los temas de suficiencia por un momento, la presidenta de ATSS aborda la sostenibilidad al indicar que los 260 millones de dólares anuales que aumentarían las ganancias de un jubilado netamente del BPS, la muestra clara son los cincuentones, y que resolvía todos los temas de seguridad social. 

“El caso de cómo los trabajadores se deciden por un sistema netamente de BPS es con los cincuentones, personas jubiladas por régimen mixto. Perdían entre 10 y 20 mil pesos por mes en sus jubilaciones y aun confiscándole el 10 por ciento del ahorro individual, igual decidieron volver al BPS”, recalcó Sosa.

A su turno, el abogado y propulsor de la actual reforma jubilatoria, Rodolfo Saldain, comenzó por responder los argumentos que Sosa había utilizado rebatiendo el caso de “los cincuentones”. “El caso se refiere a un acuerdo al que habían llegado el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, liderado en aquel entonces por Danilo Astori”, comenzó por argumentar para luego explicar que “el beneficio” de pasarse al sistema público rebajó las jubilaciones de los llamados “cincuentones” pero que en eso “las AFAP no tuvieron nada que ver”. “Las AFAP tienen muchos problemas”, continuó el abogado para luego repetir que en el caso de los cincuentones “no tuvo nada que ver”. 

Tras emitir su opinión con respecto a los casos de los cincuentones, Saldain decidió abordar el tema del bloque: la sostenibilidad. Y comenzó explicando que siendo el coordinador de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), comisión que se instauró a través de la Ley de Urgente Consideración y que tras un año de trabajo con diversas organizaciones sociales, sindicales y académicas decidió que las administradoras privadas de fondos jubilatorios, las AFAPs, tuvieran como usuarios a la totalidad de la población uruguaya. 

“Cuando convocamos al PIT-CNT, les hicimos llegar preguntas y ellos nos hicieron llegar un memorándum con su perspectiva que está subido en la página, como todos los documentos que se realizaron durante el diálogo social y político del CESS”, contextualizó el abogado, para luego remarcar que el movimiento sindical, en dicho documento, sostuvo compartir la preocupación de mantener el equilibrio financiero en el costeo de jubilaciones y pensiones “a mediano y largo plazo”. 

“Antes de la Ley N.°20.130, el costeo del BPS, por IASS, IVA y demás, era de cuatro puntos del Producto Bruto Interno”, remarcó Saldain. La iniciativa del PIT-CNT desde su perspectiva tiende a duplicar el destino de las rentas generales del país. Y citando a CINVE sostuvo que la reforma propuesta no será “razonable bajo ningún escenario macroeconómico”.  

Al tomar el guante, Sommaruga dijo que “no había que subestimar a los trabajadores” y que no había que caer en la dicotomía de que “los ilustres que todo lo saben y los otros que reciben, tenemos que agachar la espalda y hacer lo que nos dicen los que saben”. El dirigente sindical fue ampliamente aplaudido y ovacionado por el público tras medio minuto de presentación.

“No quiero aplausos”, continuó Sommaruga para luego indicar que “el saber es universal, nunca jamás estaría en contra de la ciencia, pero la ciencia tiene ideología y política atrás”. 

Al citar un informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2018, aseguró que de 30 países que habían intentado gestionar los fondos por intermediación de privados, las AFAP, con apoyo del Estado, y que 18 países habían revertido el sistema de privatizaciones. 

“Miren cómo habla este informe de las AFAP: el fracaso del sistema de pensiones privadas obligatorias para asegurar la seguridad de ingresos en la vejez, su bajo desempeño a términos de cobertura, a niveles de beneficios, costos administrativos, costos de transición, impactos sociales y fiscales negativos entre otros. No lo dice el PIT-CNT, lo dicen técnicos y, tal vez, ellos sean terraplanistas”, argumentó Sommaruga.

Para discurrir sobre la sostenibilidad y la temática del bloque, el integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, citó las proyecciones actuariales sobre la reforma jubilatoria que confeccionó la actual administración del BPS, en noviembre del año pasado.

“Dado que la papeleta, no incluye ninguna reglamentación legal ni detalle de cómo se aplicaría, la estimación de costos puede diferir a los cálculos realizados. Acá lo que quieren decir, de estos 1300 millones de dólares estimados por los detractores de la reforma, es que va a ser una decisión política de cómo interpretar la papeleta y sus afirmaciones sobre las pensiones y jubilaciones mínimas. Aún con los costos exagerados, no es que somos burros, somos trabajadores defendiéndonos, lograría una autosuficiencia entre 15 a 20 años”, contraargumentó Sommaruga.

La oratoria de Sommargua informó que en Uruguay hay 380 mil pensionistas y jubilados que ganan 18 mil pesos mensuales. “No hay que dejar pasar, que así como así, se naturalice la no sostenibilidad de dejar afuera a tanta gente, no es normal, no está bien”, culminó el integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, mientras el público volvía a aplaudir.