Con un fuerte enfoque en construir políticas públicas de carácter “transversal”, los cientos de organizaciones, sindicatos y gremios que confeccionaron y discutieron el documento, indicaron que para “el desarrollo de una matriz de bienestar social incluyente, asegurar la integralidad y todas las políticas sociales” no podrían considerarse las “acciones” de manera aislada; sino que deberían tener en cuenta la interacción entre tres pilares importantes: “salud, educación y vivienda”.

Este detalle se denota en el texto, ya que las subcomisiones de sector financiero, cooperativismo, economía social y solidaria, cuidado, seguridad alimentaria, hambre y desigualdad, diversas áreas, incluyeron a la vivienda como uno de los elementos para analizar y proponer la mejora de cualquier circunstancia social, de clase o género. Al mismo tiempo, la subcomisión que atiende directamente al rubro de vivienda retomó muchos de los elementos de análisis antes mencionados para desarrollar sus propuestas.

En la subcomisión del sector financiero se defendió el rol del Banco Hipotecario Uruguayo. En la de cooperativismo, economía social, solidaria y de autogestión, se mencionó al cooperativismo de vivienda como una de las herramientas para orientar a la población vulnerable y popular a “consolidar autonomía económica”. En el apartado de “Estado de Bienestar y Políticas Sociales”, se menciona a “permanente movilización” del cooperativismo de vivienda #PorUnVerdaderoFondoNacionaldeVivienda y la conquista de la “reivindicación histórica” por el 2% en la devolución de las tasas de interés para las cooperativas. Pero también se observa con detenimiento la falta de vivienda y la ausencia del Estado para proporcionar vivienda en asentamientos.

“No podemos hablar de bienestar social sin hablar de la satisfacción de derechos humanos y particularmente visibilizar su carácter indivisible. La necesidad de abordar cada uno de ellos en diálogo con los contenidos de los derechos implica detenemos a mostrar detalladamente en que medida, no es posible acceder a una educación de calidad sin el derecho al agua, la alimentación y la vivienda”, dictaminó el documento preliminar del III Congreso del Pueblo.

La subcomisión de vivienda

En esta tercera edición del Congreso del Pueblo, los dos primeros tuvieron lugar en 1966 y 2008, participó de la confección de las propuestas de la subcomisión de vivienda el presidente de FUCVAM, Enrique Cal. En diálogo con El Solidario, indicó que las instancias de discusión se desarrollaron en Montevideo y junto a Inter sociales barriales, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), la Universidad de la República, Inter sociales barriales, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, entre otras organizaciones gremiales y barriales.

La subcomisión de vivienda definió al rubro como “una urgencia” y determinó que “el Estado uruguayo ha estado omiso en la proyección efectiva del derecho a la vivienda, tanto que debe ser considerada una emergencia nacional”. Al mismo tiempo, señala que el “mayor problema habitacional del país es el de la precariedad”, tanto en asentamientos irregulares como inmuebles tugurizados.

En consecuencia, se indica una fuente necesidad de “disponer de suelo con servicios”, fomentar una cartera de tierras a nivel nacional, incorporando los predios y casas vacías, desarrollar servicios e infraestructura para un hábitat adecuado, lo que implica, no construir en lugares lejos de centros educativos y de salud, sin espacios públicos y con falta de servicios fundamentales, siendo “el más grave” la falta de saneamiento.

Al mismo tiempo, se continúa con la imposibilidad de acceso a los alquileres y denuncia una situación de “régimen libre de mercado” cuya existencia se configuró en 1974 y se extendió hasta el 2034. En consecuencia, se indica, que la situación se ha ido agravando con la aprobación de desalojos exprés con la LUC.

“En los últimos 30 años, o más, pocas veces, se ha superado el medio por ciento del PBI, cuando se recomienda de un 2 al 3 por ciento, lo que impide que la situación descrita sea modificada sustancialmente”, se indica para luego proponer la “reconstrucción de un verdadero Fondo Nacional de Vivienda con recursos propios y permanentes” alimentándolo con el orden de 1% del PBI y aumentando sus ingresos con aportes patronales y empresariales del sector privado.

Se sugiere, a su vez, la promoción de la propiedad colectiva, el alquiler y el usufructo mediante diferentes modalidades, así como la exoneración de gravamen para las distintas modalidades de vivienda de interés social. Al mismo tiempo, se propone la regulación del mercado de alquileres.