Más allá de pertenecer a un sector político como el socialista, de fuertes vínculos con algunas bases populares del Frente Amplio, Gonzalo Civila indicó que el apoyo al plebiscito es una posición “histórica” de su partido y discutida “a lo largo de muchos años”.
En este sentido, el diputado frenteamplista, aseguró que desde el arribo de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs) tras la implementación de una Reforma Jubilatoria en 1996, los intereses de las y los trabajadores uruguayos quedaron relegados.
“Esta reforma fue nefasta para los intereses de los trabajadores, lo cierto es que también hubo debates en la sociedad en general y dentro del propio Frente Amplio, pero la única solución que se planteaba para solucionar los problemas de sustentabilidad de la caja era la creación de las AFAPs“, dictaminó Civila.
A casi tres décadas de la implementación de las AFAPs, el Estado uruguayo destina 650 millones de dólares al Banco de Previsión Social (BPS). La magnitud de esta inversión estatal ha llevado a que el actual gobierno planteara la Reforma Jubilatoria, en donde se obliga a todos y todas las trabajadoras a afiliarse a alguna de las cuatro AFAPs, y extiende la edad jubilatoria a los 65 años.
“Desde la Reforma de los 90, también la expectativa de vida aumentó unos años, pero la riqueza se triplicó. La expectativa de vida aumento por tres. ¿Por qué el razonamiento es que tenemos que ir a por la vida de los trabajadores y no sobre la riqueza acumulada?”, cuestionó Civila.
Tras la aprobación de la Reforma Jubilatoria la central sindical y diferentes movimientos populares del país decidieron plebiscitar algunas medidas concretas. La propuesta, que laudó durante una reunión de la Mesa Ejecutiva del Pit-Cnt, incorporó tres puntos que dividieron las posiciones del Frente Amplio: la equiparación de las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional, la fijación de los 60 años como edad pronta para jubilarse y la eliminación de las AFAPs.
Este último punto es el que ha generado más controversias, pero, según sostuvo Civila, el rechazo a las AFAPs es una posición histórica del sector al que pertenece.
“Desde el 24 de junio, antes de que el propio movimiento sindical laudara el tema, la posición del partido es ir contra la incorporación de las AFAPs”, determinó el diputado frenteamplista, para luego indicar que al discutirse la privatización del sistema de seguridad social en la década del 90 sus resultados fueron “nefastos”.
¿Qué sucede los fondos del ahorro individual?
Si bien muchos opositores al plebiscito popular sostuvieron que la propuesta de la central sindical pretendía quitar el ahorro individual, uno de los pilares que alimenta al BPS, Civila sostuvo que la pérdida de dinero por parte de los trabajadores es un “disparate“.
“Los aportes individuales con el sistema de las AFAPs van a parar a las arcas de algunas sociedades financieras anónimas y lo invierten para hacerlo rendir, pero en el medio se quedan con comisiones de montos muy altos con el propio BPS pagando los costos administrativos para transferir el dinero a sus cuentas”, se explayó el diputado socialista.
Pese a las posiciones que hoy se distancian en el Frente Amplio respecto a la eliminación de estas financieras privadas, Civila sostuvo que durante los años en que el FA estuvo en el gobierno, se pusieron topes a las comisiones como medida para reducir las ganancias de las AFAPs. Aunque referentes de la fuerza política ante la propuesta de la central sindical han argumentado que los y las trabajadoras perderán sus aportes de aprobarse la iniciativa.
“Si se aprueba el plebiscito, los trabajadores no perderán su dinero, los fondos de las AFAPs se transferirá a un fideicomiso que será administrado por el BPS y otro banco como el Banco República. Nadie va a perder su dinero. Es decir, o vas a ganar lo mismo o vas a ganar más”, aclaró el diputado frenteamplista.
La extensión de la edad jubilatoria
Otro de los puntos que ha generado controversia ha sido el tope jubilatorio a los 60 años que propone el movimiento popular. En este sentido, Civila aseguró que si bien muchos países de población envejecida, como la de Uruguay, han ido en esa dirección para sustentar económicamente el sistema de seguridad social, “no hay por qué seguir esas tendencias”.
“Si quieres continuar trabajando, podés, nadie está hablando de una obligatoriedad, solamente se te brinda el derecho a jubilarte a los 60 años”, esclareció el diputado frenteamplista para luego indicar que equiparar las jubilaciones al salario mínimo lleva a beneficiar a más de 200 mil personas que perciben unos 7 mil pesos uruguayos mensuales.
