Si tuviéramos que poner un inicio a la guerra, deberíamos remontarnos a décadas antes, pero este episodio inició el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás una organización yihadista, nacionalista e islamista, cuyo principal deseo es crear un Estado islámico en los territorios de Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, realizó una masacre en territorio israelí.

Mientras el gobierno israelí ordenaba estado de sitio en su país y se expulsaba al “enemigo” de sus tierras, en redes y diferentes medios de comunicación se difundían las imágenes que habían obtenido los yihadistas atacando a civiles israelíes. Según el cronista de la AFP Ramat Hasharon, radicado en Jerusalén, las imágenes mostraban cuerpos acumulados en conteiner. Lo mismo ocurrió horas después cuando el Estado de Israel, alegando legítima defensa, decide bombardear al territorio y mostrar las imágenes de los palestinos asesinados por las Fuerzas Armadas israelíes.

El territorio palestino fue y es disputado. La lucha por su conquista, y la de otros territorios, ha suscitado muchas guerras entre Israel y los Estados Árabes. Actualmente, se encuentra bajo la jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), cuyo principal objetivo es la instauración de un Estado palestino en el territorio de Cisjordania y Franja de Gaza.

Mientras la intención de Hamás, un grupo paramilitar es volver a crear un poderío de ataño: el de un Estado árabe cuya integración no incluya a los judíos que poco a poco fueron habitando las tierras árabes, tras las olas de migración de los judíos europeos que huían del genocidio nazi de Europa.

La intención del Estado de Israel es la misma que la de Hamás, pero exactamente al revés, poder recobrar un poderío de antaño: en aquella guerra que inició ante el reconocimiento internacional de su Estado, en 1967, cuando durante seis días inició diferentes guerras para poder conquistar territorios Egipto, Cisjordania, Franja de Gaza y Siria.

Gaza fue territorio de diversas conquistas. El gobierno de la ANP que intenta establecer Estado en territorio palestino e intenta ser reconocido como tal ante organismos como la Organización de Naciones Unidas (ONU), ahora se encuentra negociando el alto el fuego y evitando un “genocidio”.  Tanto así que el primer ministro de la ANP, Mohammad Shtayyeh, renunció para que las negociaciones “inter palestinas” puedan encauzarse hacia la instauración de dos Estados: el de Israel y el de Palestina. También negocia con Hamás para que se efectúe la entrega de rehenes.

Este provisorio Estado Palestino ha resistido 16 años de bloqueo aéreo, naval y terrestre. A partir del 7 de octubre, las personas radicadas en la Franja de Gaza comenzaron a sufrir incesantes bombardeos y los bloqueos de comida, combustible y electricidad. Y el gobierno israelí ya ha manifestado contrariedades hasta con la ayuda humanitaria intermediadas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés).

Tras dos meses de incesantes bombardeos y escasas repercusiones políticas internacionales, la Organización Mundial de Salud emitió un informe el 21 de diciembre, en el que aseguraba que en una escala “sin precedentes” el 93 por ciento la población en Gaza se “enfrentaba a una crisis de hambre”.

Desde que se iniciaron los bombardeos de Israel en territorio palestino, se han muerto 5 mil infancias, otras 19 mil personas adultas, hubo 60 mil heridos, unas 100 mil personas desaparecidas bajo escombros, 360 mil viviendas destruidas y 1.7 millones de palestinos han tenido que huir del norte al sur de Palestina mientras aguardan ayuda humanitaria.

Al poco tiempo de la masacre de Hamás, el 19 de octubre, unas 100 organizaciones palestinas civiles e internacionales enviaron una misiva al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y poder así debatir la responsabilidad Israel en los tribunales. Aunque la CPI, organismo internacional que juzga los actos genocidas de las guerras, se creó con el conocido “Estatuto de Roma” que no fue ratificado por Israel.

El juzgamiento de la ONU va por la línea jurídica de “los crímenes de guerra” y esos asuntos puede manejarlos con otros tribunales. Aunque, por ahora, solo se hayan dictado medidas cautelares. La responsabilidad recaería, según las 100 organizaciones civiles palestinas y unos 16 relatores de la ONU, sobre los hombros del presidente israelí, Isaac Heuzoo, del primer ministro Benjamín Netanyahu y del ministro de Defensa, Yoav Galant.

Por esta vía se juzgaría a los altos mandos civiles por los ataques aéreos en zonas altamente pobladas entre el 7 de octubre y el 20 de diciembre. Por otro lado, se los juzgaría por el traslado forzoso de 1.7 millones de personas por el uso de gases tóxicos sometiéndolos también al bloqueo de combustible y electricidad.

Si bien Israel insiste a la comunidad internacional que las operaciones bélicas se enmarcan en la “legítima defensa”, los relatores de la ONU advirtieron a la comunidad internacional que “el pueblo palestino corre un grave riesgo de genocidio”.

 Entre ellos se encuentra la abogada Francesca Albanese, quien, en diálogo con la BBC, aseguró que el ejército israelí es uno de los más poderosos del mundo y que en este poder radicaba, en parte, el “riesgo de genocidio”. También dijo observar un aumento en el uso de lenguaje genocida por parte de los altos mandos de Israel, quienes persuaden a la población a “eliminar a los palestinos” o “quebrarles la columna”.

El país de Mandela: las lecciones humanas del apartheid

El 29 de diciembre la República de Sudáfrica denunció a Israel ante la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por “actos genocidio”. Pidió que se observe con urgencia la situación, y que antes de que finalmente Israel se presente ante la corte se adopten “medidas cautelares provisionales”.

La demanda tiene 84 páginas y 574 notas a pie de página en la que se relatan hechos alegados al concepto “genocidio”. Este concepto, según la propia demanda publicada por El País de Madrid, fue informado por Sudáfrica y comparando doctrinas y testimonios obtenidos durante el apartheid, el sistema segregación racial que sufrió la población afro en el país junto a Namibia, entre 1948 a 1992. 

De esta forma, Sudáfrica encuentra similitudes discursivas y doctrinarias para definir a los actos bélicos cometidos por Israel “de carácter genocida porque se cometen con la intención especifica de destruir una parte del pueblo palestino de Gaza como integrante, nacional, racial y étnico de Palestina”. La sentencia que juzgue y defina a los actos bélicos de “genocidas”, según el sitio oficial de la ONU, puede demorar años.

Sin embargo, la demanda de Sudáfrica fue exhaustiva, señaló que los principales actos genocidas, o sea la intención de eliminar a una población, etnia o religión, se encontraba en el uso del lenguaje de los altos mandos del gobierno de Israel, en el “desplazamiento forzoso” de los habitantes palestinos y el bloqueo de alimentos, combustible y agua.

 Un mes antes de iniciada la demanda, la abogada Francesca Albanese, especializada en derecho internacional y relatora especial de las Naciones Unidas, advirtió en una entrevista concedida a la BBC, que los altos mandos civiles de Israel califican a la población radicada en Gaza como “animales humanos”. También fue el estadounidense y ex director de la oficina de Nueva York de la ONU, Craig Mokhiber, quien renunció al cargo luego de decir que la organización que integraba no abordaba el caso como “un clásico genocidio”.

Este concepto en el espectro del derecho internacional ha generado amplios consensos y también ha recolectado sus reticencias. Además, y continuando con la entrevista de Albanese, el genocidio es un crimen que está prohibido por la “Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio “cuya vigencia data de 1948 y cuyo contenido fue ratificado por 153 países entre los que se encuentra Israel y el Estado de Palestina, pero el Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional, institución que juzga estos crímenes, no ha sido rectificado ni por Israel, ni por Estados Unidos, China o Rusia. 

Las audiencias se vieron iniciaron en enero de este año. Tras los descargos de Sudáfrica y los alegatos de Israel, la defensa de este país que aseguró que, a través de la ayuda humanitaria de la UNRWA, se estaban infiltrando agentes de Hamas y alegó que los asesinatos cometidos en el 7 de octubre por este grupo paramilitar eran “de lesa humanidad”.

La Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial y principal de la ONU, pidió el 26 de enero de 2024, que el Estado de Israel “evite el genocidio en Gaza” tomando medidas. Sin embargo, no aceptó la demanda de Sudáfrica de solicitar un “alto el fuego”.

La ONU, por su parte, abordó las caóticas órdenes de evacuación masiva por parte del Ejército israelí, y si bien la propia ONU fue quien reconoció la palabra “genocidio” o de que el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sostuviese que la Franja de Gaza se estaba convirtiendo en “un cementerio de niños”, se sigue apostando por las negociaciones para instaurar dos Estados, llevados a cabo principalmente por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Según los medios israelíes, Times Of Israel y Haretz citados por la Deutsche Welle, las fuerzas militares del país deberían operar con “libertad ilimitada” en territorio palestino. El ministro israelí también propuso como objetivo el cierre de la agencia humanitaria de la ONU en Palestina. La idea sería no crear asentamientos israelíes en la Franja de Gaza porque, según el propio Blinken, esa acción impediría la instauración de la paz.

Mientras tanto las operaciones militares del gobierno israelí se recrudecieron, aunque y la palabra “genocidio” fue tomada en cuenta tanto por países afines al Estado de Palestina como por organismos internacionales, hoy en día, el 93 por ciento de la población en Gaza continúa riesgo de morir por hambruna. Y más aún, con la intensificación de los bloqueos.

El 12 de febrero Israel bombardeó a una de las últimas ciudades palestinas del sur, Rafah, donde se refugiaron la mayoría de los palestinos que huían del norte de la Franja. Ayer, 29 de febrero, las fuerzas israelíes masacraron a los civiles que se acercaron a los camiones que brindaban comida a los refugiados civiles.

Sudáfrica aseguró ante la CIJ que el país estaba violando las medidas cautelares contra el genocidio que la misma corte había dictaminado el 26 de enero. Sin embargo, la resolución del organismo de justicia internacional tuvo lugar el 16 de febrero cuando decidió exigirle a Israel que respete las medidas cautelares, y desoyendo a Sudáfrica por segunda vez, resolvió no pedir el alto al fuego.

El peso de la palabra genocidio

Sudáfrica no solo puso la palabra genocidio en la mesa, sino que instaló un relato que poco a poco va ocupando las calles de varios puntos de Europa, América Latina y países de la Liga Árabe. A principios del 2023, Hage Geingob, presidente del otro país del apartheid Namibia, criticó la postura de Alemania sobre el asunto. Mientras que la viceprimera ministra belga, Petra De Sutter, ya había pedido el año pasado la suspensión de todo acuerdo político y económico con Israel a la Unión Europea, indicó que la “lluvia de bombas era inhumana”. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió apoyar la demanda de Sudáfrica, y días atrás comparó los operativos bélicos de Israel con los del Holocausto. El 20 de febrero, Brasil y Chile solicitaron que la CIJ defina a la ocupación israelí en Palestina como ilegal y pidieron medidas para fortalecer el Estado de Palestina dándole legitimidad a los organismos internacionales.

Un día antes en Uruguay, la mesa política del Frente Amplio emitió un comunicado en el que pidieron un alto el fuego y llamaron a la paz. También señalaron el silencio de las autoridades nacionales sobre el asunto. “Rechazamos la actuación irresponsable del Gobierno de Uruguay en la Asamblea General de Naciones Unidas, absteniéndose en la toma de decisión frente a las mociones que exigían una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida. Solicitamos que sea explicado a la ciudadanía este cambio en el posicionamiento histórico de nuestro país”, argumentaron.

Este jueves miles de uruguayos y uruguayas marcharon por la principal avenida de Montevideo. La marcha fue convocada por decenas de organizaciones entre las que se encuentran la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la Coordinadora por Palestina, entre otros.

Estuvo presente la embajadora de Palestina, Nadya Rasheed, quien caminó por la principal cuadra de Montevideo con carteles que pedían “No es guerra es genocidio” acompañados por una réplica del Guernica. La marcha estuvo llena de estudiantes, docentes universitarios, referencias de la política partidaria y militantes independientes. De vez en cuando se escuchaba a alguna que otra participante hablando en inglés o francés. Alguna que otra infancia acompañaba los cánticos de los adultos que reclamaban por la vida de las otras, allá en un país lejano: Palestina.

El genocidio definido como “la intención de eliminar” a un grupo político, población o etnia, ha sido juzgado solo en dos ocasiones posteriores a los juicios de Nuremberg. Los primeros acusados fueron los nazis y tanto militares como políticos se declararon inocentes de la ejecución de más de 5 millones de personas judías. Esta sería la tercera vez en la Historia que ni los juzgados internacionales pueden disminuir la seriedad con la que se debe tomar el concepto jurídico instalado en Nuremberg, aquella ciudad barrida por los bombardeos: genocidio, un crimen contra la humanidad.